El desarrollo de estrategias de sustentabilidad urbana y el fortalecimiento de la transparencia en la administración de los recursos públicos demanda un control riguroso de los movimientos societarios y financieros de los funcionarios y sus allegados. Por este motivo, la Fiscalía General del Estado ha formalizado la solicitud de medidas cautelares contra personas cercanas al entorno familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. De esta manera, el Ministerio Público busca asegurar la presencia de los investigados en las siguientes etapas de instrucción procesal penal.
Rol societario de la procesada y los pedidos de restricción de movilidad
En primer lugar, la comparecencia de los familiares en las bitácoras fiscales responde a su presunta participación en la estructura administrativa de las firmas bajo sospecha. Para lograrlo, la entidad judicial expuso que Fiorella María Icaza, esposa del primer personero municipal, ejerció roles ejecutivos y mantuvo acciones en las corporaciones indagadas. Además, el organismo acusador determinó que la ciudadana operó como beneficiaria final de los bienes y flujos económicos analizados en esta causa de lavado de activos.
Transferencias de acciones corporativas y presuntos actos de ocultamiento
Por otro lado, las pericias documentales presentadas ante el tribunal penal sugieren anomalías operativas posteriores al arranque formal de las investigaciones gubernamentales. En particular, la Fiscalía denunció la detección de movimientos de paquetes accionarios diseñados para modificar la titularidad aparente de los activos de las empresas. Debido a esto, la institución sostiene que dichos traspasos constituyeron maniobras de ocultamiento orientadas a distorsionar la identidad de los verdaderos usufructuarios de los capitales.
Solicitudes de prisión preventiva y medidas para ciudadanos en el exterior
En resumen, el requerimiento punitivo del Ministerio Público varía en su severidad dependiendo del grado de implicación y la ubicación geográfica de los sujetos procesados. Finalmente, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Erika Vélez y para los ciudadanos Fernando Viteri y Andrés Viteri, identificados como primos de los hermanos Álvarez. Sin duda, el magistrado Jairo García analiza de forma reservada los informes contables presentados. En definitiva, este viernes 29 de mayo de 2026 se define el futuro judicial de los implicados en la red de lavado de activos.
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