La investigación que derivó en la medida más severa contra el alcalde
El 11 de febrero de 2026 marcó un antes y un después en la carrera política de Aquiles Álvarez. Ese día, el juez anticorrupción Jairo García dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil y otros cuatro procesados dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
La decisión judicial representa el punto más crítico de una escalada que comenzó a mediados de 2024 y que ya tenía como antecedente el proceso conocido como Triple A, relacionado con supuestas irregularidades en la comercialización de combustibles.
La hipótesis fiscal: un entramado societario complejo
Según la Fiscalía General del Estado, el caso se sustenta en la existencia de una estructura empresarial que habría operado para evadir controles estatales y ejecutar operaciones comerciales irregulares, principalmente en el sector de combustibles.
El fiscal Dennys Villavicencio expuso que la prisión preventiva busca neutralizar riesgos procesales y evitar posibles interferencias en la investigación. La tesis apunta a que esta red habría utilizado empresas y vínculos societarios para defraudar al Estado y, presuntamente, corromper a funcionarios vinculados a controles institucionales.
Los allanamientos y el origen de Goleada
La génesis del proceso se remonta al 8 de octubre de 2025, cuando se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a la familia del alcalde en Guayaquil y Samborondón. La intervención se sustentó en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas.
En esos operativos se incautaron celulares, computadoras y documentación financiera. Posteriormente, la madrugada del 10 de febrero de 2026, nuevas diligencias derivaron en la aprehensión de 11 personas. De ellas, cinco quedaron con prisión preventiva y fueron trasladadas a la cárcel 4 de Quito.
Entre los detenidos figuran Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier, además de César Bravo, vinculado a FuelCorp y al Municipio de Guayaquil, y Fernando Peñaherrera, relacionado con Ternape Petroleum. Sus cuentas bancarias fueron inmovilizadas.
150.000 páginas de chats como eje probatorio
Uno de los elementos centrales de la acusación son aproximadamente 150.000 páginas de conversaciones de WhatsApp extraídas de dispositivos electrónicos entregados por un exdirectivo de una de las empresas investigadas.
La Fiscalía presentó 20 elementos de convicción que incluyen información financiera, vínculos empresariales y documentación decomisada. La defensa, encabezada por el abogado Ramiro García, sostiene que los chats contienen conversaciones coloquiales sobre negocios y que han sido interpretados fuera de contexto. Además, señala que la investigación se originó en una denuncia anónima y que guarda conexiones con el caso Triple A.
El antecedente del caso Triple A y las alertas del grillete
Antes de Goleada, Álvarez ya enfrentaba el proceso Triple A por presunta comercialización ilegal de combustibles. En esa causa fue llamado a juicio y se le impusieron medidas como prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
El Servicio Nacional de Atención Integral informó que el grillete asignado al alcalde registró 33 alertas de pulsera retirada, luego de que la Fiscalía indicara que no portaba el dispositivo en una de las diligencias. La entidad recordó que estos equipos no pueden ser manipulados por los usuarios.
Impacto político en año preelectoral
La detención del alcalde tiene implicaciones más allá del ámbito judicial. Se trata del primer alcalde de Guayaquil en prisión desde 1981, lo que reconfigura el tablero político en un contexto preelectoral rumbo a las seccionales de febrero de 2027.
Desde el entorno del alcalde se han denunciado motivaciones políticas detrás del proceso. Al mismo tiempo, la situación genera efectos en la administración municipal y en el club Barcelona SC, donde los hermanos Álvarez mantienen participación directiva.
Tras la detención y una licencia de 15 días solicitada por el alcalde, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió la subrogación. La prisión preventiva no implica la pérdida automática del cargo, ya que para ello se requiere una sentencia ejecutoriada.
¿Qué viene en el proceso judicial?
Con la medida cautelar vigente, el caso entra en etapa de instrucción fiscal. En este periodo la Fiscalía continuará recabando pruebas, mientras la defensa podrá presentar elementos de descargo.
El delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, contempla penas que pueden llegar hasta 30 años de privación de libertad. Si el caso avanza a juicio, el trámite podría extenderse alrededor de un año, dependiendo de la complejidad y la carga procesal.
El caso Goleada abre así un nuevo frente judicial y político que pone en tensión a una de las principales autoridades locales del país y que podría tener repercusiones directas en el panorama electoral de 2027.
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