Puntos clave de la noticia
- Investigación por presunto lavado de activos: La Fiscalía General del Estado sostiene que una red empresarial vinculada a combustibles habría servido para lavar fondos de origen ilícito.
- 26 procesados entre personas y empresas: La causa involucra al alcalde de Guayaquil, familiares directos, asambleístas y nueve personas jurídicas mercantiles.
- Convocatoria con Defensoría Pública de respaldo: El magistrado dispuso la intervención de defensores públicos para evitar nuevas suspensiones por inasistencia de abogados particulares.
Los argumentos fiscales y la teoría de la comercialización irregular de combustibles
En el Complejo Judicial de Iñaquito, en el norte de Quito, el juez penal José Sebastián Cornejo convocó de forma telemática a la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del denominado caso Goleada. Este proceso judicial de alto impacto político y mediático investiga el presunto delito de lavado de activos atribuido al actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, a varios miembros de su entorno familiar y a un entramado de personas jurídicas.
La diligencia había sido suspendida el pasado 27 de octubre debido a la inasistencia justificada por salida del país del abogado defensor de uno de los procesados y de dos de las firmas mercantiles imputadas. Para garantizar la continuidad de la audiencia, el magistrado resolvió ordenar que la Defensoría Pública asuma de inmediato la representación técnica de cualquier investigado en caso de que su patrocinador privado no comparezca a la sala virtual.
En el dictamen acusatorio elaborado por el fiscal Dennis Villavicencio, el Ministerio Público sostiene que los procesados habrían estructurado un esquema comercial y financiero a través de gasolineras, distribuidoras y empresas de transporte de derivados de hidrocarburos para legitimar recursos monetarios procedentes de la comercialización irregular de combustibles subsidiados, introduciendo esos capitales en el flujo legal de la economía nacional.
Vicios de nulidad alegados por las defensas e impacto en candidaturas electorales
Por su parte, los abogados defensores del alcalde Alvarez y de sus coimputados han insistido en solicitar la declaratoria de nulidad de varias actuaciones procesales, alegando supuestos vicios formales y vulneraciones al debido proceso cometidas durante la audiencia de vinculación original de mayo de 2026. La defensa argumenta que los movimientos bancarios de las empresas familiares responden a transacciones mercantiles legítimas amparadas en contratos de distribución regulares con la estatal Petroecuador.
La causa tiene además ramificaciones de cara al calendario electoral, dado que varios de los procesados figuran como aspirantes o suplentes en listas de candidaturas para comicios seccionales. El juez Cornejo solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la remisión de informes actualizados sobre el estado de inscripción de los involucrados para evaluar posibles fueros o restricciones de comparecencia.
El desarrollo de la audiencia marcará un punto de inflexión procesal, donde el juez deberá resolver en primer término las excepciones de nulidad presentadas por las defensas antes de dar paso al dictamen acusatorio fiscal y decidir si llama o no a juicio a los 26 procesados en una de las causas judiciales más complejas del año.
Fuente original: El Universo
