El 3 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó sentencia en el caso Purga, en el que el exasambleísta Pablo Muentes y los exjueces Fabiola Gallardo y Johann Marfetán fueron condenados a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con el fallo del tribunal, los tres encabezaban una estructura que manipulaba la justicia en la provincia del Guayas para favorecer intereses particulares.
La audiencia, que duró más de seis horas, permitió establecer que los acusados no solo participaron en la red de corrupción, sino que la dirigieron activamente. La Corte concluyó que Muentes, Gallardo y Marfetán ejercieron el mando y planificación de los actos ilícitos, afectando gravemente la transparencia del sistema judicial.
Sanciones adicionales y pérdida de derechos políticos
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impuso a los condenados una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, aproximadamente USD 9.400. También se ordenó el decomiso de bienes incautados durante la investigación y la inhabilitación de sus derechos de participación política por un período de 20 años.
Otros siete procesados, entre jueces y funcionarios judiciales, recibieron condenas de nueve años y cuatro meses de prisión por su papel en la estructura criminal. En tanto, dos imputados que cooperaron con la Fiscalía obtuvieron penas reducidas de un año y cuatro meses.
Conexión con el caso Metástasis y modus operandi
El caso Purga surgió como una ramificación de la investigación Metástasis, la cual expuso la infiltración del narcotráfico en la política y la justicia ecuatoriana. Según la Fiscalía, la red liderada por Muentes y Gallardo operaba manipulando sorteos judiciales, vendiendo fallos y ejerciendo influencia indebida sobre decisiones clave en los tribunales del Guayas.
Una de sus estrategias consistía en mantener un «troll center» dedicado a atacar mediáticamente a quienes se oponían a sus intereses. Además, utilizaban funcionarios dentro del sistema judicial para asegurar resoluciones favorables en diversos procesos legales.
El escándalo del Banco del Pacífico y la fuga de alias “Fito”
Uno de los episodios más polémicos de esta trama de corrupción fue el caso del Banco del Pacífico. La sentencia reveló que Muentes y su esposa lograron que un juez dictara un fallo a su favor, obligando a la entidad financiera a pagarles casi cuatro millones de dólares, pese a que mantenían una deuda con el banco. Poco después, ese mismo juez fue promovido a la sala penal de la Corte de Justicia del Guayas, lo que evidenció el sistema de favores dentro de la red de corrupción.
Otro hecho relevante fue la participación de los acusados en el traslado del líder criminal Adolfo Macías, alias «Fito», desde la cárcel de máxima seguridad La Roca hasta la prisión regional de Guayaquil, de donde posteriormente se fugó. Las investigaciones determinaron que la jueza Gallardo facilitó el fallo que permitió el traslado de Macías tras coordinar directamente con su abogado.
Testimonios clave y pruebas en el proceso
El testimonio de Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, fue fundamental para esclarecer la operación de la red delictiva. Salazar declaró que recibía pagos mensuales de USD 2.500 en efectivo por parte de Muentes para manejar la comunicación digital y proteger la imagen de Gallardo y del exasambleísta.
Además, las pericias realizadas en su teléfono celular revelaron mensajes y audios en los que se discutían pagos, nombramientos y estrategias para manipular fallos judiciales. Esta evidencia permitió a la Fiscalía demostrar la existencia y el alcance de la estructura de corrupción.
Un golpe a la corrupción en la justicia ecuatoriana
Durante la lectura del fallo, la jueza Daniela Camacho enfatizó la gravedad del caso, destacando que la organización liderada por Muentes, Gallardo y Marfetán tenía un nivel de jerarquía superior a la delincuencia común. Subrayó que los acusados utilizaron sus cargos públicos para enriquecerse y garantizar impunidad a otros actores involucrados en corrupción.
Como medida reparatoria, la Corte ordenó la publicación de la sentencia y la instalación de una placa en la Corte de Justicia del Guayas con la frase “la administración de justicia es gratuita”, en un intento por restablecer la confianza en la institucionalidad judicial del país. La Fiscalía había propuesto que la inscripción dijera “la justicia no es negociable ni está al servicio del poder”, pero el tribunal decidió modificar el mensaje.
Repercusiones y necesidad de reformas en el sistema judicial
El caso Purga es solo una de las múltiples investigaciones que han revelado la profunda corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano. Casos como Metástasis y Plaga han derivado en la destitución de al menos 25 servidores judiciales y han evidenciado la necesidad urgente de reformas estructurales para evitar la infiltración de redes criminales en la justicia.
Las autoridades han señalado que estas sentencias representan un avance en la lucha contra la corrupción, pero han insistido en que el país necesita cambios normativos que refuercen la independencia judicial y eviten la repetición de este tipo de escándalos.
Fuente: Infobae
Te puede interesar:
Salinas colapsa: «No hay dónde poner un pie» en el feriado de Carnaval
