El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un nuevo decreto presidencial que extiende por 30 días más el estado de excepción en siete provincias del país. La medida, que se fundamenta en la «grave conmoción interna», busca garantizar la seguridad y el orden público frente al avance de la criminalidad en el territorio ecuatoriano.
Extensión del estado de excepción
El decreto 552, emitido el 3 de marzo de 2025, da continuidad a la medida inicial que comenzó el 2 de enero de este año. Con esta decisión, el estado de excepción seguirá vigente en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. Además, incluye el Distrito Metropolitano de Quito y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
A diferencia de los decretos anteriores, esta nueva disposición no contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio ni la restricción de la libertad de tránsito. En los meses de enero y febrero, la normativa permitió a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin una orden judicial y estableció un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00. Sin embargo, con el nuevo decreto, estas restricciones quedan sin efecto.
Cumplimiento de la Corte Constitucional
El gobierno de Noboa ha destacado que la renovación del estado de excepción se ajusta a los lineamientos de la Corte Constitucional. En su dictamen del 21 de febrero de 2025, la Corte estableció que cualquier medida extraordinaria debe estar debidamente justificada y enmarcada dentro de los límites de la Constitución.
El decreto también enfatiza que los servidores públicos serán responsables de cualquier abuso que pudieran cometer durante la vigencia de la medida, en cumplimiento del artículo 166 de la Constitución ecuatoriana.
Un país bajo estado de excepción
Desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa, Ecuador ha vivido 279 días bajo estado de excepción en los 320 días de su mandato. Esta política de seguridad ha sido una respuesta a los altos índices delictivos que afectan al país, especialmente en provincias costeras y zonas estratégicas donde operan grupos criminales.
El gobierno ha defendido estas medidas argumentando que son necesarias para recuperar la paz y la estabilidad en el país. No obstante, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han manifestado su preocupación por la prolongación de estos estados de excepción y su efectividad a largo plazo.
Ejecución del nuevo decreto
Los ministerios de Defensa y del Interior, junto con el Centro de Inteligencia Estratégica, serán los encargados de la ejecución del estado de excepción. Estas instituciones deberán coordinar las acciones de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad ciudadana y enfrentar la amenaza del crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa firmó este nuevo decreto en la ciudad de Piñas, en la provincia de El Oro, una de las más afectadas por la violencia en los últimos meses. La administración gubernamental reafirma su compromiso con la lucha contra la inseguridad, destacando que esta medida es parte de una estrategia más amplia para fortalecer el control estatal sobre el territorio y debilitar las estructuras delictivas.
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