El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó una propuesta de reforma constitucional que permitiría aplicar castración química a violadores en Ecuador. Esta medida se dirige a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales, sin limitarse exclusivamente a agresores de menores. La iniciativa ha generado un intenso debate nacional e internacional sobre su viabilidad legal y ética.
Justificación de la medida
De acuerdo con el documento enviado por el Ejecutivo, el país enfrenta una crisis estructural de seguridad y derechos humanos. Esta situación ha dejado en evidencia la exposición alarmante de niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de violencia, incluida la violencia sexual. En ese contexto, el Gobierno plantea esta propuesta como una herramienta para reducir la reincidencia de delitos sexuales.
La solicitud cita cifras del Consejo de la Judicatura (SATJE): entre el 10 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2025, se registraron 71.270 procesos judiciales relacionados con delitos sexuales. De estos, el 22 % involucran a víctimas menores de edad.
Proceso constitucional en curso
Para que la propuesta de castración química a violadores en Ecuador avance, primero debe recibir un dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Si esta institución la aprueba, la propuesta pasará a la Asamblea Nacional, donde se someterá a debate y votación.
Registro reservado y referencia internacional
Además de la castración química, la reforma plantea mantener un registro reservado de condenados por violación. La intención es impedir su vinculación en actividades con menores de edad. El documento menciona experiencias internacionales: países como Polonia, Corea del Sur, Indonesia, Rusia, Moldavia y Estonia han adoptado medidas similares. Asimismo, en EE.UU., siete estados —incluidos Texas y Louisiana— permiten este tipo de sanción.
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