El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) avanza en un proceso contra la dirigencia de Revolución Ciudadana. Este 28 de noviembre de 2025, el juez subrogante Richard González admitió a trámite una denuncia por cuentas de campaña electoral presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra Luisa González, representante legal del movimiento Revolución Ciudadana lista 5.
Por tanto, el juez de primera instancia del TCE consideró que existen elementos suficientes para investigar una presunta infracción electoral relacionada con las cuentas de campaña del proceso «Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023».
Alcance de la Denuncia Admitida a Trámite
La denuncia por cuentas de campaña electoral no se limita únicamente a Luisa González. Además, se extiende a otros responsables clave de la organización política durante el proceso electoral de 2023.
Entre los denunciados figuran Maryuri Zambrano, responsable del manejo económico de la dignidad de asambleístas nacionales, y Francisco Hidalgo, quien ejerció como jefe de campaña. Asimismo, se incluyen candidatos principales y suplentes como Pierina Correa, José Agualsaca, Paola Cabezas, Ricardo Ulcuango, Liliana Durán, Eustaquio Tuala, Rosa Arotingo, Hoover Delgado, Gladys Rueda, Jaime Marquínez, Nicole Ramos, Gabriel Cruz, Diana Sanmartín y Daniel Montaño.
Fundamento Legal de la Infracción Electoral
La presunta infracción se encuentra tipificada en el artículo 281, numeral 1 del Código de la Democracia. Esta normativa regula específicamente las infracciones relacionadas con el financiamiento político y el gasto electoral.
Según el Código de la Democracia, los responsables económicos y las organizaciones políticas que no presenten informes completos con las cuentas de campaña electoral enfrentan sanciones severas. Igualmente, deben reportar el monto de aportes recibidos, su origen, el listado de contribuyentes con identificación plena y respaldos de ingresos y egresos.
Sanciones Previstas por el Código de la Democracia
El marco legal establece consecuencias significativas para quienes incumplen con la rendición de cuentas electorales. Las sanciones incluyen multas que oscilan entre 20 y 70 salarios básicos unificados. No obstante, las consecuencias van más allá del aspecto económico.
La normativa también contempla la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. Por otra parte, existe el riesgo de cancelación de la inscripción de la organización política. Cabe destacar que los candidatos responderán solidariamente de manera pecuniaria, según el nivel de responsabilidad determinado en el incumplimiento.
Contexto: Otras Organizaciones Políticas en Situación Similar
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano (OCC), señaló que otras organizaciones políticas enfrentan litigios similares. En consecuencia, el CNE tiene la obligación de interponer denuncias cuando las organizaciones no justifican adecuadamente sus gastos de campaña.
Este caso de denuncia por cuentas de campaña electoral contra Revolución Ciudadana refleja un patrón más amplio de fiscalización electoral. Finalmente, el proceso judicial determinará si hubo efectivamente irregularidades en el manejo de recursos durante las elecciones anticipadas de 2023.
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