- Un juez multicompetente de Samborondón ordenó la suspensión provisional del concurso de renovación parcial del CNE.
- La Comisión Ciudadana de Selección acató la medida judicial a escasas horas de iniciar la prueba escrita de oposición.
- La resolución frena nuevamente el recambio democrático en un organismo electoral cuyos vocales acumulan años en funciones prorrogadas.
- Consejeros como José Cabrera y Enrique Pita continúan en sus despachos tras la renuncia de la expresidenta Diana Atamaint.
El complejo y accidentado proceso para reemplazar a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió una nueva paralización jurídica este 13 de noviembre, luego de que un fallo constitucional emitido desde la provincia del Guayas ordenara frenar las fases de evaluación de los postulantes. La resolución adoptada dejó en suspenso la prueba teórica de conocimientos prevista para este fin de semana, provocando que la renovación del cne suspendida por juez de Samborondón prolongue la permanencia indefinida de los actuales administradores de las elecciones ecuatorianas.
La medida cautelar autónoma fue concedida por el juez Antonio Intriago Williams, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, quien ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a su comisión técnica abstenerse de continuar con el cronograma del concurso hasta resolver el fondo de una acción de protección. Esta maniobra en tribunales se inscribe en un escenario de extrema tensión institucional que también impacta en los preparativos del cronograma de debates y comicios seccionales que el organismo debe arbitrar en las próximas semanas.
Permanencia en el poder y renovación del cne suspendida por juez
La consecuencia directa de que la renovación del cne suspendida por juez congele el concurso público es la consolidación del régimen de prórroga indefinida de los consejeros en funciones. Dirigentes ciudadanos y sectores de la veeduría electoral han denunciado que figuras como el consejero José Cabrera Zurita, junto al vicepresidente Enrique Pita y la vocal Esthela Acero, llevan ya varios años aferrados a sus despachos sin que se concrete la alternancia constitucional que debió verificarse hace más de dos períodos legislativos.
Dentro de la estructura original del Consejo, la única funcionaria de alta jerarquía que abandonó el poder fue la expresidenta Diana Atamaint, quien presentó su dimisión en medio de cuestionamientos políticos y presiones administrativas, mientras que el resto del cuerpo colegiado ha logrado sortear juicios políticos, reformas legales y medidas judiciales para mantener el control administrativo y operativo del árbitro electoral. Esta anomalía institucional suscita serias dudas entre juristas respecto a la legitimidad de origen de resoluciones adoptadas bajo mandatos extraordinariamente vencidos.
Explicaciones exigidas al CPCCS en medio de la campaña electoral
Tras acatar la disposición judicial en sesión extraordinaria celebrada en Quito, los comisionados ciudadanos de selección resolvieron remitir un exhorto urgente al pleno del CPCCS para que su equipo de patrocinio legal rinda cuentas sobre las acciones de defensa implementadas. La comisión criticó que la falta de firmeza de las autoridades del Consejo de Participación, donde cuatro de sus vocales se encuentran actualmente en campaña abierta buscando su reelección popular, facilite la interposición de recursos dilatorios en cantones distantes.
El dictamen judicial argumenta presuntas vulneraciones al principio de mérito y transparencia en la calificación de carpetas académicas de aspirantes descalificados en fases preliminares. Sin embargo, analistas del sistema electoral coinciden en que la recurrencia sistemática al ‘amparo’ judicial en juzgados periféricos revela un pacto tácito entre fuerzas políticas tradicionales interesadas en que el CNE prorrogado permanezca intacto durante las elecciones seccionales. Mayores antecedentes normativos pueden consultarse en el archivo del Consejo de Participación Ciudadana y en la investigación de Primicias Ecuador.
Veedores internacionales de procesos electorales en la región andina advirtieron que la constante interferencia de acciones de protección en los concursos de selección desgasta la confianza pública en las instituciones democráticas, exhortando a las autoridades ecuatorianas a viabilizar mecanismos definitivos de resolución jurídica.
