En el sector de La Y, zona norte de Quito, se llevó a cabo la clausura de un establecimiento que se presentaba ante la comunidad como un centro de bienestar y relajación. No obstante, tras las investigaciones realizadas por las autoridades, se determinó que en realidad operaba como un espacio dedicado a la prostitución. Esta clausura fue ejecutada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normativas locales en la capital ecuatoriana.
Indicios hallados en el inmueble clausurado
Durante la inspección, los agentes detectaron claras evidencias de que el local ocultaba su verdadera actividad. A través de aplicaciones de mensajería instantánea, se promocionaban citas y se anunciaban supuestos masajes terapéuticos. Los precios de estos servicios fluctuaban entre 20 y 80 dólares estadounidenses.
Según los indicios recabados, la atención inicial servía como preámbulo para ofrecer encuentros sexuales. De este modo, el negocio utilizaba una fachada legal para encubrir una práctica prohibida y no autorizada por la normativa vigente.
Contexto de las operaciones de control
Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC, ofreció cifras que reflejan la magnitud de este fenómeno. “En los primeros seis meses de 2026, hemos clausurado 21 establecimientos de este tipo, alcanzando ya el 75% de todas las clausuras registradas el año pasado a clubes nocturnos, cabarets, casas de citas, prostíbulos, entre otros”, indicó el funcionario.
Además, explicó que estos negocios suelen funcionar de forma clandestina. Por lo general, operan en condiciones poco salubres, facilitan la circulación de sustancias sujetas a fiscalización y desarrollan actividades económicas sin contar con los permisos correspondientes. Todo ello representa un riesgo para la seguridad y salud pública.
Sanciones establecidas por la normativa
Quienes resulten responsables de gestionar este tipo de establecimientos enfrentan consecuencias económicas severas. La sanción puede llegar hasta los 15 salarios básicos unificados. Esto se traduce en multas que superan los 7.000 dólares estadounidenses. El objetivo es desincentivar la apertura y funcionamiento de negocios que vulneren la ley y afecten el orden en la ciudad.
Fuente: El Telégrafo
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