La propuesta de Reforma a la Ley de Minería en Ecuador marca un nuevo intento por dinamizar uno de los sectores estratégicos más importantes para la economía nacional. El proyecto, enviado con carácter urgente a la Asamblea Nacional el 28 de enero de 2026, busca introducir cambios estructurales que, según el Ejecutivo y representantes del sector, permitirían reducir trabas, atraer inversiones y fortalecer los ingresos fiscales en un contexto de restricciones presupuestarias.
Contexto económico y urgencia de la reforma
La iniciativa se tramita en un escenario complejo para las finanzas públicas. Ecuador enfrenta una brecha de financiamiento estimada en alrededor de 16.000 millones de dólares para 2026, lo que ha llevado al Gobierno a impulsar reformas que reactiven sectores generadores de divisas.
La minería se ha consolidado como uno de esos pilares. Las exportaciones mineras crecieron de 651 millones de dólares en 2019 a más de 3.324 millones en 2023, impulsadas por proyectos como Fruta del Norte y Mirador. En una economía dolarizada, estos ingresos se han convertido en una fuente estructural de divisas y estabilidad macroeconómica.
Reducción de fases en el desarrollo de proyectos mineros
Uno de los cambios más relevantes que plantea el proyecto es la modificación en las etapas de desarrollo de los proyectos mineros. Actualmente existen cuatro fases: exploración inicial, exploración avanzada, evaluación económica y explotación.
La reforma propone simplificar el proceso a solo dos grandes fases: exploración y explotación. La fase de exploración tendría un plazo de hasta 15 años, periodo que coincide con el promedio requerido para desarrollar este tipo de proyectos. Dentro de esta etapa se mantendrían las subfases técnicas, pero agrupadas bajo un marco más ágil.
Según representantes de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), este ajuste permitiría mayor claridad normativa y reduciría tiempos administrativos, sin eliminar controles técnicos.
Cambios en los permisos ambientales
El proyecto también introduce modificaciones en el esquema de autorizaciones ambientales. Para actividades de bajo impacto, como la exploración inicial, se plantea la obtención de un registro ambiental en lugar de una licencia ambiental completa.
En cambio, para actividades de mediano y alto impacto —como construcción de vías, instalación de campamentos o desarrollo de minas— se mantendría la obligación de tramitar una licencia ambiental.
Desde el sector minero se ha enfatizado que los estándares y controles ambientales no se reducirían, sino que se ajustarían a la proporcionalidad del impacto real de cada etapa. El Ejecutivo argumenta que los requisitos actuales no guardan coherencia con el nivel de afectación ambiental de las fases iniciales, lo que habría provocado retrasos e incertidumbre para la inversión privada.
Patente de conservación y obligaciones económicas
En relación con la patente de conservación, el proyecto mantiene los porcentajes actuales: 2,5 % durante los primeros cuatro años y 5 % desde el quinto año en adelante. No obstante, se establece que el pago deberá realizarse hasta el 31 de marzo de cada año, sin plazos adicionales.
El incumplimiento podría derivar en la terminación de la concesión minera, ya que el no pago constituye una causal para su revocatoria. Esta disposición busca fortalecer la disciplina en el uso y conservación de áreas concesionadas, aunque también genera debate sobre el riesgo de que ciertas zonas queden sin protección si los concesionarios pierden sus derechos.
Clústeres y seguridad estratégica para proyectos
Otro elemento de la reforma es la promoción de clústeres mineros, con el objetivo de que diferentes inversionistas complementen el desarrollo de la industria y generen economías de escala.
Asimismo, se plantea otorgar seguridad “estratégica” a proyectos que estén próximos a iniciar producción, con el fin de proteger recursos naturales considerados propiedad del Estado y garantizar estabilidad en la etapa crítica de arranque operativo.
Retos pendientes para atraer inversión
Aunque varios de los cambios son valorados positivamente por actores del sector, también se advierte que la reforma por sí sola no garantizará mayor competitividad internacional.
Entre las medidas adicionales que se consideran necesarias están la reapertura del catastro minero para minería metálica, la revisión de la tasa de fiscalización minera y la definición de una política pública de largo plazo que otorgue previsibilidad al sector.
En definitiva, la reforma busca equilibrar la necesidad urgente de ingresos fiscales con la generación de condiciones más atractivas para la inversión, en un sector que ya se ha convertido en un motor clave de la economía ecuatoriana.
Fuente: Expreso
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