Reforma legal afecta el incentivo para empleados públicos
La reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Integridad Pública, el 26 de junio de 2025, ha modificado el acceso a la compensación por jubilación voluntaria para los funcionarios del sector público. Ahora, quienes se jubilen antes de cumplir los 65 años no podrán recibir el incentivo económico otorgado por el Estado.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, criticó los cambios, argumentando que afectan a quienes dedicaron años al servicio institucional. El beneficio económico, que consiste en una bonificación por jubilación voluntaria, ahora está limitado solo a quienes cumplan con el requisito de edad mínima de 65 años.
Jubilación con el IESS no cambia
Especialistas en derecho laboral aclaran que la reforma no altera las condiciones para acceder a la pensión por jubilación otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El derecho a una pensión vitalicia permanece intacto para los trabajadores que cumplan con los requisitos de aportación y edad exigidos por la institución.
El cambio radica en la eliminación del incentivo adicional que ofrecía el Estado. Este consistía en el pago de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio a partir del quinto, con un límite de 150 salarios.
Texto reformado del artículo 81 de la LOSEP
La modificación al artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) especifica ahora que solo los funcionarios que cumplan 65 años podrán recibir la compensación. Antes, el texto se prestaba a interpretaciones que permitían el pago del incentivo a trabajadores de entre 60 y 64 años.
La abogada laboral Vanessa Velásquez señaló que, con la nueva redacción, se restringe el beneficio económico a un grupo menor de trabajadores. El abogado Juan Pablo Jácome coincidió en que esta medida limita el alcance del beneficio y podría aliviar el gasto público.
Impacto fiscal y racionalización del gasto
En 2025, el Estado prevé destinar USD 230 millones a compensaciones por jubilación voluntaria. Esto representa el 1% del presupuesto general de gasto público. Dado que los ingresos fiscales no crecen al ritmo del gasto y que los desembolsos de préstamos internacionales han sido menores, estos ajustes buscan aliviar la presión presupuestaria.
Daniel Lemus, del centro de desarrollo de políticas de la ESPOL, argumenta que este beneficio tuvo sentido en el pasado cuando los sueldos eran bajos y las pensiones insuficientes. Sin embargo, con mejores escalas salariales y reformas como el escalafón docente, su impacto social ha disminuido.
Además, existe una deuda pendiente por compensaciones no pagadas, que en años recientes fue estimada en USD 800 millones. El Estado ha estado cubriendo este rubro con recursos del Plan Anual de Inversiones, destinados usualmente a infraestructura. Solo en 2024 se asignaron USD 244,4 millones a este fin.
Ministerios con mayor carga presupuestaria
Los Ministerios de Educación y Salud, con la mayor plantilla de funcionarios, concentran la mayor parte del gasto en incentivos jubilares. Para 2025, ya se han ejecutado USD 88 millones, el 38% de lo previsto para el año.
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