El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió disminuir la sanción de pérdida de derechos políticos impuesta a los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga. Esta resolución modifica la duración de la inhabilitación de cuatro años a solo uno, permitiendo que ambos puedan participar nuevamente en elecciones a partir de 2026.
Fallo que cambia el panorama político
La noche del 17 de octubre de 2027, el juez electoral Patricio Maldonado resolvió aplicar el principio de favorabilidad para reducir la sanción. De esta forma, Franco Loor y Verduga solo perderán sus derechos políticos desde el 7 de febrero de 2025 hasta el 7 de febrero de 2026. Inicialmente, la sanción los mantenía inhabilitados hasta 2029.
Origen de la sanción por parte del TCE
El proceso se originó por la supuesta vulneración a la prohibición de realizar proselitismo político mientras ejercían sus funciones como consejeros del CPCCS. Ambos fueron señalados por mantener vínculos con el movimiento político Revolución Ciudadana durante su candidatura.
Consecuencias y escenarios posibles
Con esta resolución, se abre la posibilidad de que tanto Verduga como Franco Loor puedan postularse en la eventual Asamblea Constituyente que podría instalarse en 2026. Además, tendrían la opción de participar en las elecciones seccionales de ese mismo año.
Fundamentos del TCE
En su resolución, Maldonado argumentó que la reducción de la sanción obedece a la aplicación de la nueva normativa del Código de la Democracia, que fija un máximo de un año para la pérdida de derechos políticos. Según el juez, la medida debía ajustarse al nuevo marco legal para no generar una afectación desproporcionada a los sancionados.
Comunicación a las autoridades
El fallo dispone que se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Ministerio de Trabajo sobre la reducción de la sanción, con el fin de actualizar los registros de participación política y laborales de los involucrados.
Contexto judicial paralelo
Mientras tanto, ambos exconsejeros continúan siendo investigados en el caso conocido como Liga Azul, que analiza una presunta asociación ilícita. En este proceso también figuran Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz. La audiencia preparatoria de juicio está prevista para noviembre, aunque aún no se ha confirmado qué fiscal llevará adelante la causa.
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