El proceso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado se encuentra en un escenario de incertidumbre y estancamiento. No han sido las decisiones judiciales las causantes de esta situación, sino las pugnas políticas y administrativas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Por el momento, el concurso público permanece en el limbo, sin fechas claras ni acuerdos definitivos.
El pasado 20 de junio venció el plazo fijo de cuatro meses que establece la normativa vigente para culminar esta designación. Sin embargo, la autoridad competente no logró cumplir con ese mandato legal. Desde el 22 de enero de 2026, una comisión integrada por nueve de sus diez miembros trabaja en el proceso, pero su labor ha estado marcada por una serie de anomalías y contratiempos.
Apenas ocho días después de iniciar sus funciones, renunciaron los dos delegados de la Función Judicial: Natalia Guarnizo y Santiago Ribadeneira. Ante esta situación, el CPCCS solicitó a la Corte Nacional de Justicia que remita nuevos perfiles, aunque la designación de sus reemplazos no ha avanzado con la agilidad requerida. Además, se apartó al excomisionado Wellington Andachi por inasistencias presenciales, a pesar de que estas respondían a una emergencia médica. En su lugar, se incorporó de forma definitiva a Ericka Aguaguiña.
En la actualidad, este cuerpo colegiado opera con nueve integrantes, y pronto se sumará un nuevo miembro tras la renovación de autoridades en el Consejo Nacional Electoral. Entre sus integrantes representantes de la ciudadanía se encuentran Cynthia Jacho, Ericka Aguaguiña, Christian Arpi, Hugo Ludeña y Zoila Echeverría. Como delegados de las funciones del Estado participan David Flores, Pamela Garay, Silvana Ramírez y Maribel Baldeón.
Cuestionamientos a la conformación y antecedentes
No obstante, la integración de esta instancia ha generado observaciones públicas. Se ha puesto en duda la trayectoria profesional de las comisionadas Jacho y Aguaguiña, quienes obtuvieron sus títulos en derecho hace pocos años y cuentan con experiencia limitada, principalmente como asistentes en estudios jurídicos. Asimismo, llamó la atención que los certificados de capacitación que presentaron fueron obtenidos en un mismo portal virtual y en periodos coincidentes.
Estas circunstancias motivaron que el asambleísta Luis Molina presentara una denuncia ante la propia Fiscalía General, la cual actualmente se encuentra en etapa de investigación previa. De este modo, la legitimidad del proceso se ve afectada por dudas sobre la idoneidad de quienes lo dirigen.
Plazos que se incumplen y nuevos cronogramas
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, había anunciado inicialmente que el nuevo fiscal estaría designado en diciembre de 2025 y luego en febrero de 2026. Explicaba que el reglamento establece un periodo fijo de cuatro meses, con posibilidad de prórroga por dos meses más, contados desde la posesión de los comisionados.
Sin embargo, la propia comisión decidió modificar este criterio. Estableció que el plazo no empezaría a correr desde el 22 de enero, sino desde la fecha de convocatoria a inscripciones: el 18 de febrero. Aun así, al cumplirse cuatro meses de este nuevo conteo el 20 de junio, el Consejo no aprobó ninguna solicitud de extensión formal.
El 8 de junio, los comisionados presentaron un calendario actualizado que proyecta elegir al fiscal entre el 23 y el 25 de octubre de 2026. Para justificar este retraso, señalan que existe una antinomía normativa: una contradicción entre disposiciones que, a su criterio, impide cumplir con los tiempos establecidos sin vulnerar derechos.
Según su interpretación, los plazos detallados en la fase de méritos superan ampliamente los cuatro meses previstos. Por ello, invocan el principio constitucional que obliga a interpretar las normas en favor de los derechos, para evitar afectar las garantías de los postulantes. Mientras tanto, el pleno del CPCCS aún no ha ratificado esta propuesta, por lo que el calendario sigue sin validez oficial.
Resultados parciales y división en el pleno
Al concurso se presentaron 75 personas, de las cuales solo 28 cumplieron con todos los requisitos legales y fueron admitidas. Estas pasaron a la etapa de calificación de méritos, que representa el 50 % de la nota final. El otro 50 % dependerá de la fase de oposición: prueba escrita y comparecencia oral.
Durante esta etapa, se recibieron 22 solicitudes de revisión de notas; la comisión aceptó nueve de ellas y ajustó calificaciones entre uno y cinco puntos. El informe final de resultados se presentó ante el pleno, pero no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobado.
La votación quedó dividida: tres miembros apoyaron el documento, dos lo rechazaron, uno se abstuvo y otro se ausentó. A esto se suma la renuncia del consejero Roberto Gilbert, quien había aparecido en la misma transmisión virtual junto a un aspirante a fiscal. Su reemplazo aún no ha sido definido por la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, las autoridades principales del Consejo se encuentran fuera del país: el presidente de vacaciones en Estados Unidos y su reemplazo temporal en Colombia. Esto ha impedido convocar sesiones urgentes para reanudar las deliberaciones.
Según los primeros resultados, los tres aspirantes con mayor puntaje son Daniella Camacho, Inés Romero y Carlos Alarcón. El exministro José de la Gasca aparece en el octavo puesto. Para organizaciones de seguimiento, esta situación refleja la falta de gobernanza y pone en riesgo la transparencia de la institución.
“De continuar así, no tendremos fiscal antes de terminar el año. Esta demora erosiona la confianza ciudadana y hace pensar en maniobras políticas”, advirtió Mauricio Alarcón, representante de una veeduría independiente.
Fuente: El Universo
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