El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, emitió el Decreto Ejecutivo 202, mediante el cual se declara el estado de excepción en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Además, la medida incluye a los cantones La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar.
Esta decisión responde al incremento de la violencia generada por grupos criminales organizados que buscan el control territorial en la Costa y parte de la Sierra. El estado de excepción tendrá una duración de 60 días y busca fortalecer la seguridad ciudadana y restablecer el orden público.
Contexto de la medida
El Gobierno ha señalado que esta declaratoria se enmarca en el conflicto armado interno que enfrenta Ecuador contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la extorsión. Las provincias afectadas, como Guayas, Manabí y El Oro, concentran los principales puertos y corredores logísticos del país, lo que las convierte en puntos estratégicos para el crimen organizado.
Ante esta situación, el Ejecutivo sostiene que la medida permitirá recuperar el control estatal y reducir la capacidad operativa de las bandas que atentan contra la paz ciudadana.
Alcance del decreto y derechos restringidos de Daniel Noboa
El Decreto Ejecutivo 202 contempla la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las zonas afectadas. Esta disposición habilita a las fuerzas del orden a realizar allanamientos, inspecciones y requisas en lugares donde se presuma la presencia de personas relacionadas con actividades ilícitas.
También se permitirá la intervención y análisis de comunicaciones físicas o electrónicas para identificar y desarticular redes delictivas. Todas las acciones deberán ejecutarse bajo respeto al debido proceso y con la participación de operadoras de telecomunicaciones y entidades de control.

Coordinación interinstitucional y control legal
La ejecución de las medidas recae en el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que actuarán de forma coordinada con otras instituciones del Estado.
El presidente Daniel Noboa notificará la decisión a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA, conforme a la normativa vigente. Además, el Centro Nacional de Inteligencia enviará informes reservados a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad del decreto.
Vigencia y objetivos del estado de excepción de Daniel Noboa
El estado de excepción entra en vigor a partir del 5 de noviembre de 2025 y se mantendrá durante 60 días. En este periodo, las autoridades buscarán neutralizar las amenazas que afectan la seguridad nacional, prevenir nuevos ataques y garantizar la tranquilidad ciudadana.
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