El desarrollo de políticas de protección ciudadana demanda un despliegue administrativo eficiente y transparente. Por este motivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo No. 393, creó la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud AIL E.P. De esta manera, se establece una entidad que tendrá como objetivo proveer bienes, servicios y obras necesarias para la operación de los establecimientos de salud del país, optimizando la gestión del Sistema Nacional de Salud.
Funciones estratégicas y operatividad nacional de la entidad
En primer lugar, la nueva empresa pública estará ubicada en Quito y su ámbito de operación será de carácter nacional. Para lograrlo, el Decreto estipula que sus funciones principales constan de la adquisición, distribución y control de inventario de medicamentos, dispositivos médicos, insumos y bienes estratégicos. Además, la entidad podrá administrar equipamiento, ejecutar obras de construcción, repotenciación de infraestructura sanitaria, contratar servicios complementarios e implementar sistemas informáticos para la transformación digital del sector.
Cobertura de servicios y gratuidad para la ciudadanía
Por otro lado, la Empresa Pública AIL E.P. prestará servicios de manera directa al Ministerio de Salud Pública. En particular, su alcance se extenderá, de ser el caso, a la Red Pública Integral de Salud y a la Red Privada Complementaria de Salud para abastecer a los distintos establecimientos de salud. Debido a esto, es importante recalcar que los bienes, servicios y obras que entregue directa o indirectamente a la ciudadanía serán completamente gratuitos, conforme establece el marco legal del Decreto emitido.
Conformación del Directorio y plazos del proceso de transición
En resumen, el Directorio de la empresa estará conformado por el titular del Ministerio de Salud Pública, un delegado de la Presidencia de la República y la máxima autoridad de la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. Finalmente, se dispone un proceso de transición progresivo de 60 días para la transferencia de recursos, activos y sistemas tecnológicos. Sin duda, las acciones institucionales contemplan cambios estructurales profundos. En definitiva, el Ministerio de Salud Pública deberá suprimir el Viceministerio de Atención Integral en Salud en un plazo máximo de 45 días para la optimización de los establecimientos de salud.
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