- Las denuncias contra alcaldes y prefectos suman cerca de un centenar en la Asamblea Nacional.
- El Pleno de la Asamblea encargó esta fiscalización el 23 de junio de 2026.
- El objetivo consiste en revisar posibles incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas.
Las denuncias contra alcaldes y prefectos suman cerca de un centenar en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobiernos Autónomos revisará los documentos.
El Pleno de la Asamblea encargó esta fiscalización el 23 de junio de 2026. La resolución otorgó a la comisión un plazo máximo de 90 días.
El objetivo consiste en revisar posibles incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas.
¿Qué investigará la Asamblea sobre los alcaldes y prefectos?
El presidente de la comisión, Cristian Benavides, informó sobre el volumen de información recibido.
Cerca de 100 correos electrónicos contienen denuncias ciudadanas y documentos sobre posibles irregularidades.
Además, la comisión recibió información de la Contraloría, la UAFE y la Fiscalía General del Estado.
Parte de esa documentación tiene carácter reservado. Las instituciones entregaron algunos documentos en sobres cerrados y dispositivos de almacenamiento.
Durante las próximas semanas, los legisladores revisarán el contenido de esos expedientes.
También analizarán reportajes y denuncias públicas relacionados con incrementos patrimoniales que generen dudas.
El patrimonio será el centro de la investigación
La comisión aclaró que su mandato tiene un alcance específico. Los legisladores revisarán exclusivamente posibles inconsistencias patrimoniales.
Por lo tanto, la investigación no contempla inicialmente obras municipales ni contratos públicos.
Tampoco incluye todas las decisiones administrativas adoptadas por alcaldes y prefectos.
Esos asuntos corresponden a otras instituciones y mecanismos de control. Entre ellos aparecen los concejos municipales y la Contraloría General del Estado.
La comisión analizará, en cambio, posibles aumentos patrimoniales sin justificación.
También revisará propiedades que eventualmente aparezcan registradas a nombre de terceras personas.
Ese análisis podría incluir posibles casos de testaferrismo, según explicó Benavides.
¿Cómo verificará la Asamblea los patrimonios?
La comisión solicitará información adicional a diferentes instituciones públicas.
Los legisladores compararán los datos disponibles con registros de la UAFE, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Contraloría.
Este cruce permitirá revisar la información patrimonial disponible de las autoridades investigadas.
Sin embargo, recibir una denuncia no significa que exista una irregularidad comprobada.
Cada caso deberá analizarse con documentos y elementos que permitan establecer si existe una inconsistencia.
Los alcaldes y prefectos podrán defenderse
Las autoridades señaladas tendrán la posibilidad de explicar el origen de sus bienes.
Si la comisión detecta inconsistencias, podrá convocar a los funcionarios para escuchar sus argumentos.
Benavides señaló que las comparecencias no deben retrasar la elaboración del informe final.
Por ello, la comisión deberá organizar su trabajo mientras continúa revisando los documentos recibidos.
¿Cuándo entregará la Asamblea el informe?
La Comisión de Gobiernos Autónomos tiene plazo hasta finales de septiembre de 2026 para presentar sus conclusiones.
El documento deberá llegar posteriormente al Pleno de la Asamblea Nacional.
La cantidad de denuncias representa un desafío para los legisladores. Aun así, Benavides aseguró que buscarán cumplir el plazo establecido.
El informe deberá diferenciar los casos que presenten elementos patrimoniales relevantes de aquellos sin sustento suficiente.
Además, los asuntos que queden fuera del mandato serán remitidos a las instituciones correspondientes.
¿Qué pasará si encuentran patrimonios injustificados?
La comisión no reemplaza las competencias de investigación de las autoridades judiciales o de control.
Por ello, cualquier indicio relevante podría remitirse a instituciones como la Contraloría o la Fiscalía General del Estado.
Estas entidades determinarán las acciones que correspondan dentro de sus competencias.
El informe también permitirá que el Pleno conozca los resultados de la fiscalización.
La revisión todavía está en desarrollo. Por ahora, la existencia de una denuncia no determina responsabilidad para ningún alcalde o prefecto.
La comisión deberá completar el análisis documental antes de presentar sus conclusiones al Legislativo.
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Fuente: https://www.eluniverso.com/
Escrito por: Equipo Editorial Noticias 360
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