Hasta octubre de 2024, Ecuador ha registrado más de 5.700 denuncias por desapariciones, de las cuales 784 están bajo investigación. Dentro de este alarmante contexto, la desaparición forzada emerge como una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito, definido por la participación directa de agentes del Estado, es imprescriptible y puede conllevar penas de hasta 26 años de prisión.
Historias de dolor e incertidumbre
Dennis Álava, madre de Justin Valverde, vive la angustia de no saber el paradero de su hijo desde noviembre de 2024. Detenido por presuntos militares en Babahoyo, Los Ríos, su caso se suma al de otros menores desaparecidos, como los cuatro niños de Las Malvinas en Guayaquil. Las familias enfrentan noches de insomnio, ansiedad y llanto, buscando respuestas que el Estado aún no ofrece.
En diciembre, restos calcinados encontrados en Taura generaron más incertidumbre, mientras que testimonios de testigos relatan detenciones violentas. A pesar de ello, las autoridades militares han rechazado la configuración del delito como desaparición forzada, alegando que no se encontraban bajo su custodia.
Un delito que trasciende los años
La desaparición forzada no solo afecta a víctimas actuales. Casos como el de Dave Robin Loor, desaparecido en agosto, o la sentencia reciente contra expolicías por los hechos en la farmacia Fybeca en 2003, evidencian que este delito puede tardar décadas en resolverse. Según Lidia Rueda, dirigente de Asfadec, las cifras oficiales no reflejan la magnitud real, pues muchas denuncias permanecen en el limbo.
Exigencias y reflexiones
Organizaciones y familiares demandan investigaciones transparentes y justicia. En palabras de Rueda: “No es quiénes eran las víctimas, sino qué acciones están tomando los agentes responsables”. La desaparición forzada no solo implica el dolor personal, sino también un cuestionamiento profundo al rol del Estado en la protección de sus ciudadanos.
Fuente:
www.primicias.ec
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