El ex prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, y el exdirector administrativo y de logística, Hugo O., enfrentan una investigación por su presunta participación en un delito de peculado. La frase clave “investigación por presunto delito de peculado” es fundamental para entender los hechos.
Antecedentes de la acusación
Entre 2014 y 2018, Paúl Carrasco habría autorizado el alquiler de avionetas privadas para desplazarse dentro del país, a pesar de que los vuelos comerciales y el aeropuerto de Cuenca operaban con normalidad. Según la investigación por presunto delito de peculado, estas contrataciones se habrían realizado sin justificación adecuada, lo que infringiría los límites presupuestarios establecidos.
Hugo O., por su parte, está acusado de no supervisar que los costos de estas contrataciones excedieran el límite permitido de ínfima cuantía. También habría autorizado presupuestos referenciales y solicitado pagos sin justificar la necesidad institucional de estos gastos.
Impacto económico y contrataciones cuestionadas
De acuerdo con la investigación, se realizaron 28 vuelos privados, lo que habría generado un perjuicio económico de 112.299,25 dólares para la Prefectura de Azuay. La investigación por presunto delito de peculado incluye un informe de Contraloría que detalla las rutas y los beneficiarios de estos viajes, entre ellos siete personas sin relación laboral con la institución.
Avances en el caso judicial
El fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso, presentó la investigación basada en el informe de Contraloría. Como medida cautelar, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Julia Elena Vázquez, ordenó que Carrasco y Hugo O. se presenten cada 15 días.
La investigación por presunto delito de peculado continúa en curso, mientras se espera el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
Fuente:
elmercurio.com.ec
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