- El Ministerio de Economía oficializó un incremento presupuestario que eleva a $ 3.857 millones las transferencias a los GAD.
- La medida beneficia directamente a 221 alcaldías, 23 prefecturas provinciales y más de 800 juntas parroquiales.
- El ajuste técnico responde al modelo constitucional de participación en los ingresos permanentes y no permanentes.
- Autoridades seccionales exigen que los desembolsos se cumplan en efectivo y sin nuevos retrasos de liquidez.
En una resolución fiscal de alto impacto para la descentralización del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas oficializó la actualización del monto de las transferencias del Presupuesto General del Estado destinadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), estableciendo un techo anual récord de $ 3.857 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a las estimaciones iniciales calculadas al inicio del año presupuestario.
El incremento de recursos, sustentado en la aplicación de las fórmulas del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Ministerio de Economía y Finanzas), responde a una mayor recaudación tributaria neta registrada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y a una leve recuperación en los ingresos derivados de la renta petrolera. La distribución beneficia de manera directa a los 221 municipios del territorio nacional, las 23 prefecturas provinciales y las 824 juntas parroquiales rurales que conforman el mapa seccional ecuatoriano.
Distribución por niveles de gobierno y destino de los fondos
De acuerdo con el desglose técnico oficial emitido por la Subsecretaría de Presupuesto, la masa de $ 3.857 millones se divide siguiendo los porcentajes fijados por mandato constitucional: el 67 % de los fondos se destina a los municipios para la ejecución de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de desechos sólidos y vialidad urbana; el 27 % corresponde a los gobiernos provinciales para riego, fomento productivo rural y caminos secundarios; y el 6 % restante nutre las arcas de las juntas parroquiales para equipamiento comunitario básico.
Los presidentes de los gremios municipalistas, entre ellos la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), valoraron la actualización del techo asignado, pero enfatizaron que el principal escollo que enfrentan los territorios no es la asignación teórica en papel, sino la puntualidad y liquidez en las transferencias mensuales efectivas por parte del Tesoro Nacional. Los problemas de liquidez estatal han sido objeto de constante seguimiento en la cobertura sobre las finanzas públicas y los compromisos económicos del Gobierno.
Durante los últimos trimestres, diversas alcaldías medianas y pequeñas denunciaron atrasos de hasta tres meses en las alícuotas del Modelo de Equidad Territorial, lo que forzó la paralización de obras de saneamiento barrial y retrasos en el pago de salarios a empleados y trabajadores municipales.
Exigencia de transferencias líquidas y fiscalización ciudadana
El ministro de Economía defendió que la actual administración ha implementado un mecanismo de conciliación de deudas históricas con los GAD, utilizando instrumentos financieros como certificados de tesorería y cruces de cuentas con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) para desahogar las presiones de caja de los cabildos. Sin embargo, los alcaldes de provincias amazónicas y de la Sierra centro han insistido en que los proyectos sociales exigen dinero en efectivo para honrar las obligaciones con proveedores locales.
Por su parte, organismos de control social y la Contraloría General del Estado exhortaron a los burgomaestres y prefectos a utilizar los recursos incrementados con rigurosa probidad técnica y transparencia, priorizando las necesidades elementales de la población más vulnerable y evitando el despilfarro en contratos de consultoría innecesaria o eventos festivos desproporcionados.
El incremento de la asignación a $ 3.857 millones coloca una gran responsabilidad sobre las administraciones seccionales. La ciudadanía espera que este flujo fiscal adicional se traduzca de forma tangible en mejores servicios básicos, calles asfaltadas y obras de mitigación ambiental frente a los rigores de la temporada invernal que se avecina.
La ejecución presupuestaria de los municipios pequeños de la región litoral y amazónica revela brechas estructurales en la capacidad técnica para formular proyectos de inversión elegibles ante el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE). La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) ha solicitado asistencia técnica permanente y la simplificación de los trámites burocráticos ante el Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, con el fin de destrabar licencias ambientales que mantienen paralizadas obras sanitarias vitales en cantones periféricos.
Por otro lado, alcaldes de ciudades intermedias como Ambato, Riobamba, Ibarra y Loja han planteado la posibilidad de titularizar flujos futuros de las asignaciones constitucionales mediante emisiones de bonos municipales en el mercado de valores local. Esta estrategia de financiamiento bursátil permitiría a los gobiernos autónomos captar liquidez inmediata para concluir redes viales y plantas de agua potable sin depender exclusivamente del calendario de desembolsos del Ministerio de Economía, sentando un precedente innovador para la autonomía financiera seccional en el país.
