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Chats revelan que Xavier Jordán intentó pagar protección a Serrano en EE. UU.

Xavier Jordán prófugo en los casos Metástasis y Magnicidio Fernando Villavicencio
3 min de lectura
  • Peritajes forenses revelan chats donde Xavier Jordán ofreció pagar por protección carcelaria a José Serrano en EE. UU.
  • La conversación se sostuvo con María Paula Christiansen tras la detención migratoria del exministro en agosto de 2025.
  • Jordán admitió haber pagado sobornos internos de custodia durante su propio arresto en el centro penitenciario de Krome.
  • Los archivos forman parte de las pruebas del caso Magnicidio Fernando Villavicencio cuya audiencia se resolverá en octubre.

Nuevas evidencias periciales incorporadas a las investigaciones del crimen político del legislador Fernando Villavicencio arrojaron revelaciones determinantes sobre las relaciones clandestinas entre prófugos de la justicia ecuatoriana en el extranjero. Informes forenses practicados al teléfono celular de María Paula Christiansen, esposa del exministro del Interior José Serrano Salgado, descubrieron conversaciones de mensajería instantánea donde el procesado Xavier Jordán Mendoza ofreció coordinar pagos económicos para garantizar la seguridad física y protección carcelaria de Serrano tras su aprehensión en Estados Unidos.

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El diálogo tuvo lugar el 7 de agosto de 2025, fecha exacta en la que Serrano fue arrestado por agentes federales en territorio estadounidense. En los mensajes peritados, Jordán, quien permanece con estatus de prófugo en los emblemáticos casos Metástasis y Magnicidio FV, aseguró que él ya había permanecido recluido en centros penitenciarios de ese país y conocía de primera mano los canales de extorsión y soborno requeridos para pagar custodia especial y privilegios internos frente a pandillas penitenciarias en el centro correccional de Krome.

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Prontuario migratorio y negativa rotunda a comparecer en Ecuador

De acuerdo con registros del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Xavier Jordán cuenta con antecedentes penales por robo y hurto calificado en suelo norteamericano y afronta procedimientos expeditos de deportación debido a su permanencia irregular. En los textos extraídos pericialmente, el imputado expresó con vehemencia a sus interlocutores que prefería afrontar la muerte en recintos carcelarios estadounidenses antes que ser extraditado a responder ante los jueces en territorio ecuatoriano.

La información digital fue recuperada mediante una imagen forense o copia espejo almacenada en una unidad de memoria extraíble entregada a los acusadores particulares y a las hijas de Villavicencio por el perito informático acreditado por la Fiscalía General del Estado. El procesamiento de este material probatorio coincide con diligencias de alto nivel en las que la justicia ratifica que el Gobierno reafirma que Colombia dejó de ser refugio seguro para criminales que buscan burlar las órdenes de captura internacional.

Audiencia preparatoria de juicio en el caso Magnicidio FV

Las hijas del desaparecido candidato presidencial solicitaron que los diálogos periciales sean remitidos formalmente a las autoridades de inmigración estadounidenses como elemento de convicción para acelerar la deportación inmediata de Jordán y Serrano a cárceles ecuatorianas. Señalan que las conversaciones confirman que Jordán opera redes transnacionales con capacidad económica ilícita para comprar protección institucional en cualquier entorno carcelario donde resulte confinado.

Asimismo, los familiares de Villavicencio exigieron que el entorno cercano del exministro Serrano rinda cuentas públicas sobre los vínculos de complicidad y financiamiento que mantenía con el prófugo del caso Metástasis. La etapa preparatoria de juicio por el magnicidio de Fernando Villavicencio se encuentra a la espera de la resolución judicial definitiva de llamamiento a plenario fijada para el 29 de octubre de 2026, instancia donde se definirá la suerte procesal de los autores intelectuales y cooperadores de la red criminal.

El avance de esta causa penal representa un hito prioritario para el Estado ecuatoriano, que busca desmantelar la impunidad en delitos contra la seguridad ciudadana y la estructura institucional del país, garantizando que todos los implicados en la planificación del asesinato respondan ante los tribunales competentes.

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