- El dirigente comunero Julián Cruz enfrenta un proceso judicial por presunto hurto en la isla Puná.
- La comunidad indígena denuncia criminalización de la protesta en defensa de tierras ancestrales.
- Empresas camaroneras afirman contar con concesiones estatales de playa y bahía otorgadas por autoridades pesqueras.
- Organizaciones de derechos humanos piden una delimitación catastral urgente en el Golfo de Guayaquil.
La situación legal del dirigente comunal Julián Cruz, presidente de la Comuna Puná Vieja en el golfo de Guayaquil, ha colocado en primer plano un litigio histórico por la tenencia de tierras comunales y manglares protegidos en el litoral ecuatoriano. Aunque formalmente se le imputa un presunto delito de hurto de camarón, los habitantes de la isla sostienen que el proceso penal constituye un intento de desalojo territorial.
Durante la audiencia de juzgamiento desarrollada en Guayaquil, la defensa comunitaria presentó documentación histórica que acredita la posesión colectiva ancestral de los predios, argumentando que las piscinas camaroneras privadas han avanzado sobre áreas tradicionales de recolección de mariscos y esteros de pesca artesanal sin consulta previa.
Linderos ancestrales y reclamos territoriales
El conflicto se intensificó tras la detención de Cruz el pasado 20 de julio de 2026 en un operativo policial ejecutado en el sector este de la isla. Mientras los representantes de la empresa acuícola acusaron la incursión no autorizada en predios productivos, la comunidad afirma que los comuneros inspeccionaban hitos limítrofes ante la tala no autorizada de vegetación de manglar.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador ha emitido informes de alerta temprana sobre la vulnerabilidad de las poblaciones costeras del Guayas. Los tratados internacionales sobre derechos de pueblos originarios amparan la inalienabilidad de los territorios comunales frente a actividades extractivas o agroindustriales.
La tensión social en territorios rurales refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos formales de justicia comunitaria y orden legal en todo el país, evitando episodios de conflicto extremo como los registrados cuando dos presuntos atacantes fueron linchados en Imbabura, lo que demuestra la urgencia de una presencia estatal oportuna.
Preservación del manglar y medios de vida tradicionales
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) realiza inspecciones satelitales periódicas en el Golfo de Guayaquil para verificar que las concesiones acuícolas respeten los acuerdos de uso sustentable del manglar. La tala no permitida de estas áreas boscosas acarrea sanciones administrativas y penales severas bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los pescadores tradicionales de la isla Puná sostienen que la proliferación de muros de contención y compuertas artificiales ha modificado el flujo natural de las mareas, disminuyendo la reproducción de conchas prietas y cangrejos rojos en las raíces del mangle. Esta alteración ecológica afecta de forma directa los ingresos de cientos de familias que dependen exclusivamente de la recolección artesanal para su subsistencia diaria.
Las federaciones campesinas de la Costa han solicitado la conformación de una mesa de mediación de alto nivel con participación de los ministerios de Gobierno y Producción para clarificar los títulos catastrales en la isla Puná y garantizar la convivencia pacífica entre el sector exportador camaronero y las familias comuneras.
