La Contraloría halla inconsistencias en contratos de tres hospitales en Cuenca

En un informe de auditoría gubernamental que sacude el escenario político y administrativo del Austro ecuatoriano, la Contraloría General del Estado (CGE) detectó serias irregularidades e inconsistencias procesales en las fases precontractuales y contractuales para la edificación de los contratos de tres hospitales en Cuenca —ubicados en las parroquias El Valle, Baños y Ricaurte—, proyectos gestionados durante la administración del alcalde suspendido Cristian Zamora.

Nueve procesos de contratación y financiamiento multilateral

El documento de examen especial, de 122 páginas de rigor técnico, examinó los desembolsos y acuerdos suscritos entre el 1 de enero de 2023 y el 29 de julio de 2025. Las obras formaban parte del ambicioso programa municipal «Cuenca se Transforma», articulado mediante un convenio de cooperación con la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño y respaldado económicamente por una línea de crédito otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) combinada con fondos de la tesorería cantonal.

Los registros auditados por la Contraloría General del Estado detallan que el hospital de El Valle se contrató en noviembre de 2024 por 7,6 millones de dólares; el de Baños en diciembre de 2024 por 7,4 millones; y el de Ricaurte en marzo de 2025 por 7,3 millones, contemplando edificaciones de tres niveles y más de 4.500 metros cuadrados de construcción cada una. En total, se suscribieron nueve contratos principales que abarcaron obras civiles, fiscalizaciones técnicas y auditorías externas de control, integrándose a las supervisiones de obras públicas expuestas en supervisión de infraestructura pública en el territorio nacional.

Infracciones a las cláusulas de libre competencia y pliegos

Entre las principales anomalías determinadas por los auditores del ente de control destaca la inaplicación flagrante de las condiciones de selección y pliegos estipulados en el contrato de préstamo de la CAF en las licitaciones públicas de Baños y Ricaurte. El informe puntualiza que se adjudicaron contratos a consorcios empresariales que compartían socios e integrantes en común y que mantenían otros procesos vigentes de ejecución en la misma municipalidad, vulnerando el principio constitucional de libre competencia y concurrencia de oferentes idóneos.

Paralelamente, la Secretaría de la Administración Pública y Gabinete denunció que en las empresas contratistas participarían personas vinculadas al entorno del burgomaestre, motivando tres indagaciones previas en la Fiscalía General del Estado por presunto peculado. La Contraloría remitirá el expediente con indicios de responsabilidad penal a las autoridades judiciales correspondientes para el esclarecimiento definitivo de las responsabilidades civiles y administrativas de los funcionarios intervinientes.

Organizaciones cívicas de la capital azuaya exigen la comparecencia de los delegados técnicos de fiscalización para constatar el avance físico de las estructuras sanitarias y asegurar que los recursos de financiamiento internacional no sufran paralizaciones que perjudiquen el acceso a la salud de miles de habitantes de las parroquias rurales de Cuenca.

Reacciones políticas y estado de las investigaciones fiscales

Tras la divulgación del dictamen de la Contraloría General del Estado, miembros del Concejo Cantonal de Cuenca solicitaron una sesión extraordinaria para exigir la comparecencia de los directivos de la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño y de los administradores de los contratos viales y sanitarios del plan «Cuenca se Transforma». Los ediles insistieron en la necesidad de precautelar los fondos provenientes del crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y asegurar que las paralizaciones administrativas no retrasen la entrega definitiva de las unidades hospitalarias a las comunidades de El Valle, Baños y Ricaurte.