- Agentes fiscales y policías ejecutaron allanamientos en el cabildo de Cuenca y cuatro inmuebles particulares.
- La investigación penal indaga presuntas contrataciones con sobreprecio adjudicadas a exfuncionarios municipales.
- Peritos de Criminalística levantaron discos duros, expedientes contractuales y comprobantes de transferencias bancarias.
- Autoridades municipales señalaron que brindarán todas las facilidades procesales para esclarecer los hechos investigados.
Agentes de la Fiscalía General del Estado y unidades tácticas de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de allanamiento simultáneo en las dependencias del Municipio de Cuenca y en cuatro inmuebles vinculados a exfuncionarios de la administración municipal.
Antecedentes y desarrollo de los acontecimientos verificados
La diligencia judicial se enmarca en una indagación previa por el presunto delito de peculado, originada tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de consultoría y servicios de mantenimiento vial durante el período 2024-2025.
Durante la intervención, autorizada por un juez de garantías penales de la provincia del Azuay, peritos de informática forense de la Policía Nacional del Ecuador incautaron más de quince equipos de computación, teléfonos celulares institucionales y carpetas con expedientes de pago.
El Ministerio Público informó que los allanamientos buscan fijar evidencias documentales y digitales para establecer si existió un desvío sistemático de recursos públicos en beneficio de empresas proveedoras recién constituidas.
El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de peculado con penas privativas de libertad de diez a trece años cuando los montos comprometidos superan los límites legales estipulados para contrataciones públicas.
El alcalde de Cuenca y las autoridades locales emitieron un pronunciamiento ratificando su compromiso de absoluta transparencia y asegurando que las distintas direcciones cooperarán plenamente con las solicitudes de información fiscal.
Analistas anticorrupción de la sociedad civil azuaya destacaron que la celeridad en la recopilación de indicios probatorios resulta crucial para deslindar responsabilidades y salvaguardar el erario de la capital austral.
Impacto sectorial y valoraciones de los organismos oficiales
La Fiscalía General del Estado solicitó a la Contraloría General del Estado la remisión de los informes con indicios de responsabilidad penal que sirvieron de base para iniciar la causa.
Se prevé que en los próximos días se fije la fecha para la audiencia de formulación de cargos contra las personas naturales y jurídicas involucradas en la presunta red de contratación irregular.
La Contraloría General del Estado remitió un informe con indicios de responsabilidad penal tras detectar pagos por consultorías viales que no contaban con los respaldos de ejecución técnica requeridos por el Sercop.
Concejales del bloque de fiscalización del cantón Cuenca señalaron que solicitarán un examen integral a los contratos de obra pública ejecutados durante los últimos dos años para determinar si existieron patrones de direccionamiento sistemático.
Veedurías ciudadanas de la provincia del Azuay anunciaron que conformarán una comisión técnica independiente para vigilar el cumplimiento de los plazos procesales en la instrucción fiscal y evitar cualquier intento de interferencia política en el esclarecimiento del caso.
Expertos en derecho penal recalcaron que la cooperación oportuna entre la Fiscalía y los organismos de control del Estado facilitará la delimitación precisa de responsabilidades individuales y la eventual recuperación de los fondos comprometidos.
Para conocer más detalles sobre el acontecer legal e institucional en el territorio nacional, revise nuestro reporte sobre coberturas de hechos judiciales en el país.
