Ecuador impone nuevo estado de excepción en zonas costeras
El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción que afecta a cuatro provincias del país: El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas. Esta medida busca enfrentar la violencia creciente vinculada al crimen organizado, especialmente en la zona costera, donde circulan rutas del narcotráfico con destino a Norteamérica y Europa. A diferencia del decreto anterior, no incluye a la capital, Quito.
Estas provincias han sido señaladas por concentrar la mayor actividad criminal, y por albergar puertos estratégicos para el tráfico de drogas. En consecuencia, la medida permite suspender derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, para facilitar intervenciones policiales en inmuebles sospechosos.
El impacto del crimen organizado en Ecuador
El país atraviesa una crisis de violencia sin precedentes. Durante 2025, se ha registrado un promedio alarmante de más de un asesinato por hora. Esta escalada criminal ha forzado al Gobierno a aplicar reiteradamente el estado de excepción, considerado por Noboa como necesario para contener el avance de las bandas armadas que operan desde las cárceles y en las calles.
Estado de excepción y sus límites constitucionales
La Corte Constitucional deberá revisar nuevamente el decreto. En ocasiones anteriores, este tribunal ha limitado los alcances de estas decisiones, especialmente en cuanto a la militarización de las prisiones. En el último fallo, anuló esa parte del decreto al considerar que violaba derechos fundamentales de los reclusos y establecía un uso excesivo de la fuerza pública.
Además, la Corte ha instado al Gobierno a utilizar mecanismos legales ordinarios y no prolongar medidas extraordinarias en territorios que llevan más de un año con derechos suspendidos. La revisión será clave para determinar si el estado de excepción se mantiene vigente.
La tensión entre el Ejecutivo y la Corte
El nuevo decreto llega en un contexto tenso. Noboa ha tenido varios roces con la Corte Constitucional, que recientemente suspendió artículos polémicos de leyes impulsadas por su administración. Entre ellos, destaca la posibilidad de conceder indultos anticipados a militares y policías procesados por delitos durante el conflicto interno.
También se anuló la autorización para que agentes de inteligencia operen con identidades falsas y manejen fondos sin control público. Estas medidas habían sido promovidas como parte de una estrategia de seguridad, pero fueron criticadas por atentar contra la transparencia y el Estado de derecho.
Medida temporal en medio de incertidumbre
Aunque se reconoce la urgencia de frenar el crimen, algunos sectores cuestionan la efectividad real del estado de excepción. En varias provincias, la población lleva meses bajo estas medidas sin ver una disminución clara de la violencia. La falta de resultados sostenibles ha generado un debate nacional sobre si estas decisiones funcionan o solo ofrecen soluciones momentáneas.
La situación actual refleja la dificultad de enfrentar el crimen organizado sin afectar los derechos ciudadanos. En este panorama, el estado de excepción se mantiene como el principal recurso del Gobierno, pero con un creciente escrutinio legal e institucional.
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