La extorsión se ha consolidado como una de las mayores amenazas económicas y sociales en Ecuador, afectando directamente a negocios, trabajadores y al desarrollo del país. Lo que antes era visto como un delito aislado, hoy funciona como un sistema paralelo que debilita al Estado y pone en riesgo la estabilidad nacional.
Un delito que golpea directamente al bolsillo
La extorsión ha dejado de ser un problema exclusivamente de seguridad para convertirse en un fenómeno económico estructural. Comerciantes obligados a pagar “vacunas” se ven forzados a reducir su producción, aumentar precios o cerrar sus negocios. Esta situación impacta en cadena a empleados, proveedores y propietarios, frenando la circulación de dinero y debilitando la economía local.
Un sistema paralelo que compite con el Estado
El crecimiento de la extorsión ha dado paso a una especie de “tributo criminal” que rivaliza con el sistema fiscal. A medida que más negocios operan bajo presión o en la informalidad, la recaudación estatal disminuye. Esto limita la capacidad del Estado para financiar servicios básicos, seguridad y programas sociales, generando un círculo vicioso difícil de romper.
Fuga de talento e inversión ante el impuesto criminal
La inseguridad no solo afecta a los negocios actuales, sino también al futuro del país. Profesionales, emprendedores y capitales buscan entornos más seguros, ya sea en el extranjero o en otras ciudades del Ecuador. Este desplazamiento provoca desequilibrios territoriales, presión sobre zonas más seguras y un aumento de la desigualdad regional.
El nuevo riesgo de emprender en un impuesto criminal
Si bien emprender siempre ha implicado asumir riesgos financieros, hoy existe un nuevo factor limitante: el riesgo criminal. La falta de garantías y protección desalienta la formalización de negocios, incentivando economías clandestinas que frenan el crecimiento y erosionan el desarrollo sostenible.
La urgencia de una respuesta coordinada
Frente a esta realidad, las instituciones del Estado —Gobierno, Policía, Fiscalía y sistema judicial— deben actuar de manera articulada y eficaz. Combatir la extorsión no es solo una cuestión de seguridad, sino una prioridad económica y social. Defender a los emprendedores y ciudadanos es proteger el futuro del país.
Fuente: El Diario (eldiario.ec)
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