Una sentencia reciente de la Corte Constitucional ha generado un remezón en el mercado de valores ecuatoriano, específicamente en relación con una emisión de bonos del Estado por un valor de USD 22 millones. Este episodio de incertidumbre surge a raíz de un fallo del 18 de abril de 2024, en el que la Corte Constitucional ordena al Ministerio de Finanzas recuperar esa cantidad pagada al Estado.
Este pago se originó como parte de un litigio entre el Estado y los hermanos José, Elías y Juan Bucaram Aivas, relacionado con tierras camaroneras en la isla Palo Santo (Guayas). Los hermanos recibieron el pago en diciembre de 2023 a través de bonos del Estado, los cuales vendieron a otros inversionistas en marzo de 2024 en el mercado de valores.
Acciones del Ministerio de Finanzas y la bolsa de valores
El Ministerio de Finanzas, siguiendo la orden de la Corte Constitucional, debe recuperar los USD 22 millones. Sin embargo, esto ha generado incertidumbre en el mercado de valores, ya que los bonos afectados fueron bloqueados temporalmente por el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central de Ecuador (BCE). Esto ha llevado a preocupaciones sobre si los inversionistas recibirán sus pagos de rendimientos y de capital.
Impacto en el mercado de valores
Esta situación ha afectado la confianza de los inversionistas en el mercado de valores ecuatoriano. Los bonos internos del Estado son uno de los principales instrumentos de financiamiento para el Gobierno Central en 2024, representando el 57% de sus necesidades de préstamos. La incertidumbre creada por esta sentencia podría afectar negativamente la capacidad del Estado para financiarse a través de bonos internos en el futuro.
La sentencia de la Corte Constitucional y sus implicaciones continúan generando incertidumbre en el mercado de valores ecuatoriano. Se espera que el Ministerio de Finanzas y otros actores relevantes busquen soluciones para mitigar los impactos negativos de esta situación en el mercado y en los inversionistas afectados.
En resumen, el fallo de la Corte Constitucional sobre los bonos del Estado ha causado un remezón en el mercado de valores ecuatoriano, generando preocupaciones sobre la estabilidad y confiabilidad del mismo.
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