La Fiscalía General del Estado opera actualmente con un 40 % menos de agentes fiscales de lo que se considera necesario para cubrir la carga procesal del país. Esta situación genera retrasos y sobrecarga laboral, afectando directamente la eficiencia en la tramitación de causas penales.
Un déficit persistente y solicitudes no atendidas
Desde 2019, la institución ha solicitado al Consejo de la Judicatura la designación de más fiscales, sin obtener una respuesta satisfactoria. Esta carencia de personal no solo limita la capacidad investigativa, sino que también incrementa los tiempos de resolución de los casos.
El déficit de agentes fiscales repercute especialmente en delitos de alta frecuencia como robos, violencia intrafamiliar, estafas y microtráfico. Al no contar con personal suficiente, se complica la atención oportuna a víctimas y el seguimiento de procesos judiciales.
Impacto directo en la justicia penal
La falta de agentes fiscales genera acumulación de expedientes y dificulta la coordinación con la Policía Judicial y otras instituciones. Aunque existen compromisos de dotación de personal, los recursos asignados siguen siendo insuficientes.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido las limitaciones presupuestarias, pero la situación se mantiene crítica. Los procesos penales que requieren atención inmediata se ven obligados a compartir recursos humanos con otros casos, disminuyendo la calidad de las investigaciones.
Un reto para el sistema judicial ecuatoriano
La crisis de personal en la Fiscalía General del Estado es un desafío estructural que requiere medidas urgentes. La designación de más agentes fiscales no solo mejoraría la eficiencia judicial, sino que también fortalecería la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
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