Dolor sin justicia tras el femicidio en Ecuador
El femicidio en Ecuador es una tragedia que, más allá de cifras y titulares, deja familias rotas y procesos judiciales inconclusos. Desde su tipificación en 2014 hasta marzo de 2025, se han reportado más de 2 000 casos según la Fundación Aldea. Sin embargo, las estadísticas varían dependiendo del organismo, reflejando una falta de uniformidad que también retrasa la justicia.
En este contexto, muchos de los casos ocurren en entornos marcados por el crimen organizado, una tendencia creciente que ha complicado aún más los procesos legales y las posibilidades de reparación para las víctimas indirectas: las familias.
Crimen organizado y su impacto en el femicidio
El femicidio en Ecuador ha mutado. Lo que antes se relacionaba casi exclusivamente con violencia doméstica, ahora también ocurre en redes criminales. En los primeros tres meses de 2025, se cometió un asesinato de mujer o niña cada 21 horas. Casi 50 de esos casos estuvieron vinculados al crimen organizado.
La presidenta de la Fundación Aldea, Geraldina Guerra Garcés, ha denunciado cómo los cuerpos de las mujeres son utilizados por estas estructuras para enviar mensajes de poder. El fenómeno, ahora reconocido como femicidio en sistemas criminales, requiere nuevas respuestas del Estado.
Padres, las víctimas invisibles del femicidio en Ecuador
Detrás de cada mujer asesinada hay una familia destrozada. Julio Pilay, padre de Lissette, vivió el dolor más profundo cuando su hija fue víctima de femicidio. La justicia llegó años después, con sentencias diferenciadas para los autores, pero las secuelas emocionales y económicas persisten.
El caso de Lissette revela cómo las familias deben reconstruirse sin apoyo suficiente. Julio, además de afrontar el duelo, asumió la crianza de sus nietos, mientras intentaba conseguir ingresos tras perder su empleo.
Femicidio en Ecuador y la carga emocional de los familiares
La psicóloga Katherine Alcívar afirma que los padres de víctimas enfrentan un duelo traumático. No solo lidian con la pérdida, sino con las circunstancias brutales del asesinato y una justicia que tarda. Este dolor se agrava por señalamientos sociales que cuestionan su actuar previo al crimen.
El luto se convierte en una batalla emocional y judicial, en la que la sanación se posterga. Además, el sentimiento de culpa y las dudas sin resolver obstaculizan la reconstrucción familiar.
Un problema estructural sin respuestas efectivas
A pesar de que el femicidio en Ecuador está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, su aplicación efectiva es irregular. La ley contempla penas entre 22 y 26 años, pero la ejecución de sentencias, indemnizaciones y apoyos económicos casi nunca se concreta.
José Portugal, experto legal, insiste en que este problema exige más que penas: se necesitan políticas integrales de protección, seguimiento a las familias y mecanismos reales de reparación. Los abuelos, en muchos casos, como los de Lissette, quedan solos con la carga de criar a los huérfanos, sin recibir apoyo estatal.
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