El Gobierno de Daniel Noboa oficializó la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad Nacional, luego de que la Asamblea Nacional aprobara su texto y este fuera enviado al Registro Oficial. Esta ley establece el marco jurídico del conflicto armado interno, con reformas penales y operativas que, según el Ejecutivo, refuerzan la lucha contra el crimen organizado.
Apoyo de los ministerios clave
Los ministerios del Interior, Defensa y Gobierno respaldaron públicamente la medida. Coincidieron en que esta ley representa un paso firme en la estrategia para debilitar las economías ilegales y dotar de mayor respaldo legal a policías y militares que operan en este contexto.
La normativa no solo reconoce el rol de las fuerzas del orden, sino que también establece parámetros específicos de acción, tanto en terreno como en el ámbito judicial.
Reformas penales ante el conflicto armado
El Código Integral Penal (COIP) incorpora nuevas figuras. Se introduce el «indulto presidencial diferido», exclusivo para el contexto del conflicto interno, y un “indulto anticipado”, fuera del esquema tradicional del COIP.
Además, se crea el allanamiento por conflicto armado, que deberá ser justificado ante un juez especializado en un plazo de 24 horas. En este contexto, no se podrá suspender ni sustituir la prisión preventiva, excepto para policías y militares.
Juicios acelerados y sin beneficios
La ley establece un procedimiento especial para delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Este modelo concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, sin opción a diferimiento.
Los condenados por estos delitos no podrán acceder a regímenes abiertos o semiabiertos sin cumplir totalmente con la reparación económica fijada en la sentencia.
Delitos relacionados con grupos armados
Se sanciona con 22 a 26 años de prisión a quienes formen parte de un grupo armado organizado (GAO). Para cabecillas y financistas, la pena sube a 26–30 años. Quienes colaboren ocasional o permanentemente enfrentarán entre 20 y 26 años de cárcel.
Se añaden 18 delitos conexos como lavado de activos, tráfico de influencias, extorsión, enriquecimiento ilícito y testaferrismo. También se tipifica como delito el uso de uniformes de fuerzas del orden, con penas de uno a tres años.
Control del armamento y equipo incautado
La ley dispone que todas las armas, explosivos y accesorios incautados durante operativos sean de uso inmediato por parte de las fuerzas del orden. Esta medida busca reforzar el control estatal de los medios bélicos.
Endurecimiento de penas por delitos hidrocarburíferos
Las sanciones por delitos contra el sistema de hidrocarburos aumentan sustancialmente. Quien paralice la distribución de combustibles enfrentará de 6 a 8 años de cárcel, y quien sustraiga hidrocarburos, de 11 a 13 años.
El transporte o almacenamiento ilegal también es penado según la escala: mínima (1–3 años), mediana (3–5), alta (6–7) y gran escala (7–10). Si el delito ocurre en zonas fronterizas, portuarias o marítimas, las penas se elevan hasta 13 años. En el caso de petróleo crudo o derivados, pueden alcanzar los 16 años.
Las personas jurídicas involucradas también serán sancionadas. En delitos de alta o gran escala, se ordenará la clausura definitiva de la empresa.
Responsabilidad para funcionarios públicos
Se establece una pena de 11 a 13 años de prisión para funcionarios públicos vinculados con estas actividades ilícitas, lo que incluye almacenamiento, transporte o colaboración con redes ilegales de hidrocarburos.
Vuelve la tabla de drogas, con otro nombre
Uno de los puntos más polémicos es la creación de un nuevo mecanismo para definir consumo personal de drogas. Aunque el presidente Noboa eliminó la llamada «tabla de drogas» en su primer día de mandato, la nueva ley obliga a los ministerios de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura a establecer parámetros actualizados.
Esta medida busca llenar el vacío legal que dejó la eliminación de dicha tabla, criticada por el propio Noboa durante sus dos campañas presidenciales.
Un marco legal para tiempos de guerra interna
La Ley de Solidaridad Nacional redefine la forma en que el Estado ecuatoriano enfrenta la criminalidad organizada, con herramientas más severas y una estructura procesal adaptada al nuevo contexto de conflicto armado declarado.
Fuente: Primicias
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