El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, explicó los alcances de dos proyectos de ley económica urgente enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 28 de enero de 2026. Las iniciativas abordan, por un lado, el manejo presupuestario de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y, por otro, el fortalecimiento de los sectores estratégicos de energía y minería.
Según el funcionario, las reformas buscan corregir distorsiones en el uso de recursos públicos y generar condiciones más atractivas para la inversión, sin eliminar controles legales ni ambientales.
GAD y presupuesto: priorizar inversión sobre gasto corriente
Uno de los ejes centrales del debate es la distribución del presupuesto en municipios y prefecturas. Herrería negó que exista una intención de recentralizar recursos o castigar a los gobiernos locales. Afirmó que el objetivo es alinear el gasto con el Plan Nacional de Desarrollo, al que calificó como un mandato constitucional obligatorio para toda la institucionalidad pública.
El diagnóstico del Ejecutivo apunta a un uso excesivo del presupuesto en gasto corriente. De acuerdo con Herrería, aunque el Código Orgánico de Organización Territorial (COTAD) establece un límite del 30% para este tipo de gasto, existen municipios que destinan hasta el 90% a salarios. Esto, sostuvo, limita la capacidad de inversión en obras y servicios básicos.
El proyecto propone que al menos el 70% del presupuesto local se destine a inversión. Programas educativos o sociales no entrarían en ese cálculo específico. Además, los desembolsos de recursos dependerán de evaluaciones técnicas, financieras y económicas que justifiquen el impacto social de los proyectos.
Servicios básicos y cuestionamientos al Ejecutivo
Durante la entrevista, Herrería mencionó carencias persistentes en varios cantones, como la falta de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento. Incluso señaló que las aguas residuales representan un foco de contaminación mayor que la minería ilegal en ciertos territorios.
También reconoció que el Gobierno central enfrenta desafíos similares. Admitió que existe subejecución presupuestaria en sectores como salud y educación, y señaló que el análisis del gasto público debe ser integral, tanto en el nivel local como en el nacional.
Energía y minería: seguridad jurídica y agilidad en permisos
El segundo proyecto económico urgente se enfoca en los sectores de energía y minería. Herrería explicó que la propuesta responde a una sentencia de la Corte Constitucional y busca establecer con mayor claridad los casos excepcionales en los que se podrá contratar energía privada, con el fin de otorgar seguridad jurídica a los inversionistas.
En minería, el énfasis está en combatir la ilegalidad, aumentar la recaudación y fortalecer el control estatal. El funcionario aclaró que las Fuerzas Armadas no asumirán la administración del sector, sino que apoyarán en la lucha contra actividades ilegales y en la protección de concesiones formales.
Uno de los cambios más sensibles es la sustitución de licencias ambientales por permisos en la fase de exploración. Herrería aseguró que no se eliminarán garantías constitucionales ni controles ambientales, sino que se eliminarán duplicidades en los trámites para agilizar los procesos sin reducir la fiscalización.
Destino de recursos y control estatal
El proyecto también establece que los recursos provenientes de la minería deberán destinarse a desarrollo social y mitigación ambiental. No podrán ser utilizados para gasto corriente municipal. El control sobre el destino de estos fondos será supervisado por el Estado central.
Según el Ejecutivo, la meta es acelerar la explotación responsable de recursos naturales, generar ingresos locales y garantizar que estos se traduzcan en mejoras concretas para la población.
Tensiones políticas y correcciones legales
En un contexto de tensiones políticas con algunas alcaldías del país, Herrería defendió el carácter técnico de las evaluaciones que realizará el Ministerio de Economía. Aseguró que los criterios serán financieros y no partidistas.
Finalmente, se refirió a un error en el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos, atribuyéndolo a un “lapsus calami” en la redacción del documento. Indicó que ya se realizan las correcciones necesarias para que el texto vuelva a la Corte Constitucional.
Fuente: Expreso
