Los proyectos económicos urgentes enviados por el presidente Daniel Noboa avanzan en la Asamblea Nacional tras ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa. Estas iniciativas se enfocan en combatir la minería ilegal y fortalecer los ingresos fiscales del Estado, dos ejes clave de la política económica del Gobierno.
La resolución se adoptó luego de analizar los informes técnicos no vinculantes de la Unidad Técnica Legislativa. Según dichos documentos, los proyectos económicos urgentes cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El Ejecutivo remitió ambas propuestas al Parlamento el 27 de enero de 2026.
Trámite legislativo de los proyectos económicos urgentes
Una vez calificados, los proyectos económicos urgentes pasarán a la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. En esta instancia se iniciará el análisis técnico y político de las propuestas.
Posteriormente, la comisión elaborará los informes que deberán ser debatidos y votados por el Pleno de la Asamblea Nacional. De esta forma, el Legislativo da paso a reformas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.
Proyectos económicos urgentes para minería y energía
El primer proyecto económico urgente corresponde a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. La iniciativa busca actualizar el marco legal vigente y mejorar la seguridad jurídica en estos sectores estratégicos.
Además, el Gobierno sostiene que esta reforma permitirá atraer inversión y fortalecer la eficiencia regulatoria. Como resultado, se espera un incremento de los ingresos fiscales y una mejora en el suministro eléctrico, lo cual contribuiría a la estabilidad económica del país.
Cambios fiscales para los gobiernos locales
El segundo proyecto plantea una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), orientada a establecer reglas fiscales más estrictas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales y un uso más eficiente del gasto público, asegurando recursos suficientes para inversión, mantenimiento de infraestructura y prestación de servicios básicos.
Entre los cambios más relevantes se establece la obligación de destinar al menos el 70% del presupuesto de inversión al mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, una medida que apunta a reducir el deterioro de obras y mejorar la calidad de atención a la ciudadanía.
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