La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que representa a más de 14 pueblos y nacionalidades del país, expresó su rechazo al proyecto de ley de minería impulsado por el presidente Daniel Noboa, al considerar que favorece la inversión extractiva sobre la protección ambiental y los derechos colectivos reconocidos en la Constitución.
La organización indígena advirtió que la propuesta, enviada a la Asamblea Nacional el 29 de enero de 2026, podría generar impactos irreversibles en territorios ancestrales, ecosistemas estratégicos y fuentes de agua, aumentando además la conflictividad social en varias regiones del país.
Riesgos para la consulta previa y los derechos colectivos
Según la Conaie, el proyecto de ley no garantiza de manera efectiva la consulta previa, libre e informada, un derecho fundamental de los pueblos indígenas respaldado por la Constitución ecuatoriana y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
La iniciativa prioriza la agilización de inversiones mineras sin establecer mecanismos claros que aseguren la participación real de las comunidades afectadas, reduciendo la consulta a un trámite formal sin capacidad de decisión colectiva ni consentimiento previo.
Flexibilización ambiental y amenazas a los ecosistemas
Uno de los puntos más cuestionados por la organización es la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, lo que, a su criterio, debilita el control del Estado para prevenir daños ambientales graves.
La Conaie alertó que esta flexibilización impacta directamente en el uso y protección del agua, poniendo en riesgo páramos, bosques y ríos, considerados pilares de la soberanía hídrica y alimentaria del país, en un contexto donde más del 60 % del territorio ecuatoriano presenta algún grado de sensibilidad ambiental.
Modelo extractivo y aumento de la conflictividad social
De acuerdo con el pronunciamiento, la propuesta legislativa refuerza un modelo de dependencia extractiva que no ha resuelto los problemas estructurales de desarrollo y ha profundizado la desigualdad en zonas rurales e indígenas.
La organización señaló que este enfoque ha provocado criminalización de la defensa territorial y podría intensificar los conflictos sociales en comunidades donde ya existen disputas por proyectos mineros y acceso a recursos naturales.
Llamado a la Asamblea y a Pachakutik
Ante este escenario, la Conaie hizo un llamado a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y exhortó a la bancada de Pachakutik y a otros asambleístas a rechazar el proyecto de ley.
Asimismo, pidió abrir un debate amplio, transparente y participativo que coloque en el centro la vida, los territorios y los derechos colectivos, antes de avanzar con una normativa que, según advierten, podría tener consecuencias sociales y ambientales de largo plazo.
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