- Estudios de cámaras productivas constatan el cese de operaciones de 32.150 unidades productivas formales.
- El sector de pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales concentra el 90% de las bajas fiscales.
- La contracción del consumo interno, el alza en tarifas energéticas y la apertura comercial explican el declive.
- Gremios empresariales exigen medidas de alivio crediticio mientras el Gobierno ratifica su disciplina fiscal.
Un exhaustivo relevamiento elaborado por federaciones gremiales y centros de estudios económicos de Buenos Aires reveló que el tejido productivo de la República Argentina ha sufrido la pérdida neta de más de 32.000 compañías registradas desde la asunción presidencial de Javier Milei. El balance presentado ante la opinión pública advierte que el severo programa de ajuste macroeconómico, la eliminación de subsidios estatales a los servicios públicos y la caída estrepitosa del poder adquisitivo de los salarios han desembocado en un panorama crítico para el sector productivo formal durante el mandato de Javier Milei.
De acuerdo con estadísticas analizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina y entidades afines, las ramas más afectadas por el cese de actividades corresponden al comercio minorista, talleres metalmecánicos, fábricas textiles y firmas del rubro de la construcción civil. Los informes señalan que la parálisis de la obra pública financiada con fondos del tesoro nacional generó un efecto dominó que arrastró a centenares de contratistas de pequeña escala y proveedores de materiales en todas las provincias del país.
Impacto en el empleo y debate sobre el modelo de desregulación
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades fabriles advirtieron que la liquidación de empresas trajo aparejada la pérdida de más de 160.000 puestos de trabajo asalariados en el sector privado, empujando a miles de operarios hacia la informalidad laboral o el cuentapropismo precario. Los voceros de las cámaras manufactureras alertaron además que la rápida apertura importadora ha puesto en jaque a las plantas nacionales que deben afrontar costos logísticos e impositivos que duplican los promedios regionales.
Las tensiones que genera la transformación estructural del aparato productivo y las políticas de estabilización monetaria encuentran ecos en diversos países de la región; en un ámbito de debate laboral sudamericano, se constata que Lula da Silva busca acelerar en el Senado reforma para reducir jornada laboral en Brasil con el objetivo de preservar la calidad del empleo ante los vaivenes macroeconómicos. Por su parte, despachos de la agencia internacional Reuters recogen las declaraciones del equipo económico argentino, donde defienden que la depuración del mercado y el fin de la inflación crónica son requisitos indispensables para forjar un crecimiento genuino y atraer inversiones foráneas a largo plazo.
Respuesta gubernamental y perspectivas de recuperación
Desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, las autoridades gubernamentales desestimaron los cuestionamientos gremiales, asegurando que las cifras responden en gran medida a la reconversión de negocios que subsistían artificialmente mediante transferencias discrecionales y controles de precios de la administración anterior. El presidente Milei ratificó que no cederá en su meta de superávit financiero innegociable, augurando que los sectores competitivos como la minería, los hidrocarburos de Vaca Muerta y la agroindustria liderarán el rebote de la economía en el próximo ejercicio fiscal.
Organismos financieros multilaterales y bancos de inversión siguen con detenimiento las metas cambiarias del Banco Central argentino, advirtiendo que la desaceleración del índice de precios al consumidor deberá traducirse rápidamente en facilidades de financiamiento para evitar que la parálisis fabril comprometa la recaudación tributaria nacional.
Analistas financieros concluyen que el éxito del plan económico dependerá de la velocidad con la que los sectores exportadores logren absorber la mano de obra desplazada del mercado interno, en medio de crecientes demandas sociales que exigen amortiguar el costo social de la transición libertaria en Argentina.
