- El Congreso aprobó por amplia mayoría el juicio político contra el mandatario por mal desempeño.
- La quiebra fraudulenta de Ueno Bank involucró créditos irregulares y desvíos millonarios a paraísos fiscales.
- Fiscales anticorrupción ordenaron la detención preventiva del expresidente para asegurar la investigación.
- El vicepresidente asumió la jefatura de Estado con la promesa de restaurar la confianza financiera.
Paraguay vive uno de los episodios más convulsos de su historia democrática reciente tras la fulminante destitución mediante juicio político y la posterior detención preventiva del mandatario Santiago Peña. El colapso financiero y la posterior intervención forzosa de la entidad Ueno Bank destaparon un entramado masivo de créditos vinculados no respaldados, desvío de fondos públicos y presunto lavado de dinero que terminó por erosionar todo respaldo parlamentario al jefe de Estado.
La crisis se precipitó cuando las auditorías técnicas coordinadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) revelaron un agujero contable que superaba los 800 millones de dólares en la cartera crediticia del banco privado, afectando los ahorros de cientos de miles de ciudadanos, relacionándose con investigaciones sobre desvíos financieros en la región. Informes corroborados por Infobae América Latina precisan que importantes fondos fiduciarios pertenecientes al Instituto de Previsión Social habían sido transferidos de manera irregular a cuentas vinculadas al entorno empresarial del exmandatario.
Juicio político sumarísimo en el Congreso Nacional
Ante la conmoción ciudadana y las masivas manifestaciones en las inmediaciones de la sede parlamentaria en Asunción, la Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio por mal desempeño de funciones y traición a la confianza pública. Pocas horas después, el Senado constituyó el tribunal de juzgamiento, alcanzando más de dos tercios de los votos necesarios para decretar la cesación inmediata del mandatario.
Inmediatamente consumada la destitución, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción emitieron órdenes de allanamiento y dispusieron la aprehensión de Peña para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento probatorio, trasladándolo a una dependencia de seguridad policial bajo estricta custodia militar.
Reacción de los mercados y asunción del mando interino
Conforme a la línea de sucesión constitucional, el vicepresidente asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en una sesión solemne de investidura, comprometiéndose a conformar un gabinete de unidad nacional y brindar absoluto respaldo a los tribunales de justicia para que se esclarezcan todas las responsabilidades penales.
El Banco Central anunció medidas extraordinarias de liquidez y la aplicación del fondo de garantía de depósitos para devolver sus ahorros a los clientes menores y medianos de Ueno Bank, buscando calmar las tensiones en el sistema financiero y evitar un efecto de contagio bancario hacia otras instituciones crediticias.
Monitoreo internacional y estabilidad regional
Representaciones diplomáticas de la OEA, la Unión Europea y gobiernos sudamericanos manifestaron su estrecho seguimiento a la situación paraguaya, instando a que la transición gubernamental se desarrolle con estricto apego al orden constitucional y las garantías procesales de los involucrados.
El desenlace de esta crisis institucional envía un mensaje categórico sobre las consecuencias devastadoras que provoca la complicidad entre las cúpulas del poder político y los manejos especulativos en el sistema bancario latinoamericano.
Los fiscales asignados al caso han requerido la asistencia de agencias de inteligencia financiera de países vecinos para congelar cuentas y decomisar bienes que habrían sido transferidos en los días previos a la intervención de Ueno Bank. Las diligencias buscan asegurar la devolución integral de los activos distraídos a los fondos de jubilación.
La ciudadanía en Asunción y principales ciudades del interior permanece movilizada en demanda de reformas estructurales al sistema de control financiero, exigiendo que los tribunales sancionen con severidad a todos los involucrados en el escándalo de corrupción bancaria, instando a las fuerzas políticas del parlamento a consolidar leyes que blinden de manera irreversible los fondos de jubilación y previsión social de los trabajadores.
