- Autoridades bolivianas ordenaron la captura preventiva del fiscal general Roger Mariaca.
- Se lo acusa de encubrimiento e inacción deliberada ante causas de narcotráfico.
- Estados Unidos mantiene duras sanciones a magistrados bolivianos por corrupción.
- Sectores opositores reclaman la designación urgente de un fiscal general interino.
La justicia de Bolivia ejecutó este jueves 1 de octubre de 2026 la orden de aprehensión cautelar en contra del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, luego de que dependencias de seguridad e investigación financiera del Gobierno central presentaran cargos formales por presunto encubrimiento y complicidad con redes internacionales dedicadas al narcotráfico y actividades terroristas.
El operativo policial tuvo lugar tras una exhaustiva auditoría institucional que reveló la paralización de más de una docena de procesos penales de alta prioridad contra cabecillas del transporte de cocaína en los departamentos orientales de Santa Cruz y Beni. Fuentes oficiales señalan que bajo la gestión de Mariaca se facilitaron resoluciones de sobreseimiento irregular en favor de personas requeridas por la justicia internacional.
Sanciones internacionales y aislamiento institucional
La aprehensión del máximo representante del Ministerio Público boliviano se produce en un contexto de extremo aislamiento internacional, tras la reciente incorporación de altos funcionarios y jueces bolivianos en las listas de sanción financiera y retiro de visados emitidas por el Departamento de Estado norteamericano.
Informes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y reportes de la agencia Reuters confirman que Bolivia enfrenta severos cuestionamientos por parte de organismos multilaterales debido a la porosidad de sus fronteras y la presunta cooptación del sistema judicial por organizaciones delictivas transnacionales.
La crisis institucional del país del altiplano se suma al complejo panorama político de la región, en línea con las advertencias internacionales que suscitan acontecimientos donde anomalías globales impactan a diversas naciones en el escenario sudamericano.
Tensión política y reclamo de transparencia
En la sede legislativa de La Paz, parlamentarios de diversos bloques reclamaron la instalación urgente de una comisión multipartidaria para nombrar a un fiscal general subrogante que asegure la cadena de custodia de los expedientes confiscados en las oficinas centrales de Sucre.
Por su parte, los abogados defensores de Mariaca denunciaron que la captura constituye una vulneración al debido proceso motivada por intereses políticos del Ejecutivo. Mientras avanza la audiencia de medidas cautelares, organizaciones de la sociedad civil exigen una depuración profunda en los tribunales para recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Las diligencias policiales en territorio boliviano incluyeron la intervención directa de oficinas centrales del Ministerio Público en la ciudad de Sucre, así como la incautación de dispositivos electrónicos y documentación confidencial vinculada a investigaciones preliminares de narcotráfico en pistas aéreas clandestinas del oriente del país andino.
Diversos sectores sociales y jurídicos de Bolivia han manifestado su profunda preocupación por el debilitamiento institucional que este escándalo genera en la administración de justicia, reclamando que se garantice una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que permita deslindar responsabilidades penales sin interferencias del poder político de turno.
La comunidad jurídica internacional y organizaciones defensoras del Estado de derecho en América Latina siguen de cerca el desarrollo de las actuaciones procesales en Bolivia. La designación de autoridades judiciales transitorias con credenciales éticas intachables resulta prioritaria para devolver la certidumbre a los ciudadanos y garantizar la cooperación judicial transfronteriza con organismos policiales extranjeros en la lucha frontal contra las estructuras del crimen organizado y el tráfico ilícito de sustancias en territorio andino.
El desenlace de esta causa penal marcará un hito histórico en la lucha contra la corrupción institucional en Bolivia, evidenciando la necesidad de consolidar mecanismos efectivos de control y fiscalización en las entidades encargadas de administrar justicia penal en todo el país.
