- Militares y civiles recluidos iniciaron una huelga de hambre indefinida.
- El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó una misión urgente de la ONU.
- Denuncian torturas, aislamiento prolongado y falta de atención médica adecuada.
- Familiares realizan vigilias en las afueras de los centros de detención de Caracas.
Frente a un panorama de grave riesgo para la vida de decenas de recluidos, organizaciones no gubernamentales solicitaron la mediación urgente de la comunidad internacional tras confirmarse la huelga de hambre de presos políticos en Venezuela, medida extrema adoptada para denunciar torturas y exigir la revisión inmediata de sus causas procesales.
Denuncia sobre la huelga de hambre de presos políticos en Venezuela
El Observatorio Venezolano de Prisiones dirigió una comunicación formal al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertando sobre el avanzado estado de desnutrición y deshidratación que presentan oficiales militares y activistas recluidos en los penales de Ramo Verde y El Rodeo I.
Informes de la Organización de los Estados Americanos señalan que los manifestantes demandan el cese del régimen de incomunicación, el ingreso de médicos independientes de la Cruz Roja y el cumplimiento de las boletas de excarcelación emitidas por tribunales pero ignoradas por custodios penitenciarios.
Parientes de los reclusos han denunciado que las autoridades carcelarias intentan quebrar la protesta racionando el acceso al agua potable y restringiendo las visitas de los abogados defensores a breves lapsos de quince minutos.
Médicos legistas independientes advierten que una huelga de hambre prolongada en condiciones de confinamiento insalubre puede ocasionar daños renales irreversibles, paros cardiorrespiratorios y fallas multiorgánicas en pacientes con patologías previas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró sus medidas cautelares en favor de varios de los reclusos, recordando que el Estado mantiene la posición de garante de la integridad física y la vida de toda persona bajo su custodia.
Colegios de abogados y comités de víctimas solicitaron a la Defensoría del Pueblo realizar inspecciones in situ para constatar el cumplimiento de las Reglas Nelson Mandela sobre tratamiento de reclusos.
Diversas capitales democráticas manifestaron su profunda preocupación y exhortaron al gobierno de Caracas a permitir el ingreso de veedores internacionales imparciales a los centros de detención preventiva.
Excarcelados políticos ofrecieron ruedas de prensa en el exilio para visibilizar las precarias condiciones de hacinamiento y la falta de medicamentos básicos para enfermedades crónicas en las cárceles venezolanas.
Representantes consulares de la Unión Europea solicitaron autorización formal para visitar a detenidos que cuentan con doble nacionalidad y verificar su estado de salud de manera directa.
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Vigilias ciudadanas y pronunciamientos globales
Madres, esposas e hijos de los internos han instalado vigilias pacíficas con velas encendidas en las inmediaciones de la sede de la nunciatura apostólica para pedir la intercesión de la Iglesia católica.
Líderes de la oposición democrática responsabilizaron a los mandos del sistema penitenciario y de contrainteligencia militar por cualquier desenlace fatal que pueda derivarse de esta protesta carcelaria.
Organizaciones humanitarias recopilan testimonios y fichas médicas de los reclusos para remitirlos a la Corte Penal Internacional como elementos probatorios de violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.
El gremio periodístico independiente denunció intimidaciones y bloqueo a la cobertura informativa en los perímetros de los establecimientos penitenciarios militarizados.
La comunidad internacional continuará presionando en foros diplomáticos multilaterales para lograr la libertad incondicional de todos los presos de conciencia en el país.
Los familiares reiteraron que mantendrán sus movilizaciones pacíficas hasta que se establezca una mesa técnica de verificación médica independiente.
La resolución pacífica de este conflicto penitenciario es vista como una prueba determinante para la credibilidad de los compromisos de convivencia democrática.
La protección efectiva de la vida de los detenidos constituye una obligación jurídica imperativa que no admite demoras burocráticas ni justificaciones ideológicas.









