- El Partido Colorado y Horacio Cartes respaldan enjuiciar a Santiago Peña.
- El escándalo por la quiebra de Ueno Bank detonó una fractura partidaria total.
- La oposición parlamentaria sumó votos para convocar al pleno legislativo.
- Sectores sociales exigen la renuncia inmediata del mandatario en Asunción.
El escenario institucional de Paraguay ingresó en una fase de máxima tensión política este jueves 5 de noviembre de 2026, luego de que las principales bancadas legislativas del Partido Colorado decidieran retirar su respaldo formal al presidente de la República y promover un inminente juicio político a Santiago Peña. La determinación fue adoptada tras una cumbre extraordinaria de la dirigencia partidaria en Asunción, encabezada por el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien confirmó públicamente que su bancada no blindará al mandatario ante la gravedad de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank.
La ruptura partidaria se precipitó tras revelarse presuntas irregularidades operativas y presiones regulatorias dirigidas a proteger activos vinculados al conglomerado financiero antes de su intervención por parte de la banca matriz. Para Cartes, quien hasta hace pocas semanas fungía como el principal sostén electoral del oficialismo, la permanencia de Peña al frente del Poder Ejecutivo se ha vuelto insostenible para la gobernabilidad del país sudamericano, argumentando que la defensa de los ahorristas y la estabilidad institucional del Estado deben primar sobre lealtades coyunturales.
Factores determinantes para el juicio político a Santiago Peña
El pedido formal de destitución impulsado en la Cámara de Diputados cuenta con el respaldo unificado de los partidos opositores y la fracción parlamentaria afín a la cúpula colorada, superando con holgura los dos tercios de votos requeridos constitucionalmente para formular la acusación. Los cargos que se estructuran en el libelo acusatorio abarcan presunto mal desempeño de funciones, conflicto de intereses y omisión inexcusable en el control prudencial del sistema bancario nacional.
Manifestaciones multitudinarias convocadas por centrales sindicales, movimientos estudiantiles y organizaciones ciudadanas se apostaron en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Asunción para exigir la renuncia irrevocable del mandatario. Los manifestantes denuncian que la crisis financiera afectó de manera directa a fondos jubilatorios y colocaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), generando una indignación popular que aceleró la decisión del Congreso de instalar las sesiones plenarias extraordinarias.
El impacto de las turbulencias institucionales en el Cono Sur repercute en la agenda diplomática continental, en consonancia con los recientes debates regionales donde los monitoreo internacional de crisis institucionales globales reconfigurando los equilibrios políticos de la región interamericana.
Procedimiento constitucional y antecedentes históricos en Paraguay
El marco normativo que rige este mecanismo extraordinario está amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, el cual establece un proceso de dos cámaras legislativas bien diferenciadas. Corresponde a la Cámara de Diputados actuar como órgano fiscal y acusador por mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes, mientras que la Cámara de Senadores se constituye formalmente en tribunal de sentencia para juzgar al funcionario acusado en audiencias públicas con derecho a la defensa técnica.
La memoria política de la nación evoca de inmediato el precedente histórico de junio de 2012, cuando el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político célere tras los sangrientos sucesos de Curuguaty. Sin embargo, en el escenario presente la iniciativa no proviene de bloques opositores minoritarios, sino del propio riñón del oficialismo colorado, lo que otorga una contundencia numérica casi irreversible al trámite procesal dentro del parlamento bicameral.
Escenarios constitucionales ante la sucesión presidencial
Conforme lo estipula la Carta Magna paraguaya, en caso de consumarse la remoción de Santiago Peña mediante el pronunciamiento acusatorio de la Cámara de Senadores, la primera magistratura de la nación recaerá en el vicepresidente Pedro Alliana. No obstante, analistas constitucionales advierten que la magnitud del quiebre político podría precipitar pedidos de adelanto electoral o reformas de emergencia en el gabinete ministerial para evitar una parálisis prolongada del aparato estatal.
La comunidad diplomática y misiones de la Organización de los Estados Americanos siguen con extrema cautela el desarrollo de los acontecimientos, instando a las fuerzas políticas de Paraguay a canalizar el conflicto por los cauces constitucionales y con apego al Estado de derecho. Voceros de la Presidencia de Paraguay han señalado que el mandatario evalúa dirigir un mensaje a la nación para fijar su postura procesal frente a las acusaciones del Legislativo.
