- Un estudio de ONU Mujeres confirmó que el 95,9% de aspirantes a legislaturas estatales en México sufrió violencia política.
- Las agresiones psicológicas y digitales encabezaron los registros de vulneración, seguidas por violencia de tipo sexual y económica.
- El 77% de las candidatas indígenas denunció falta de recursos y marginación financiera en la entrega de fondos partidistas.
- Apenas el 18% de las mujeres afectadas acudió a denunciar ante autoridades comiciales debido a barreras procesales y temor a represalias.
Un exhaustivo informe técnico presentado por la oficina de ONU Mujeres en México puso en evidencia las graves condiciones de hostigamiento que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. La investigación determinó que el 95,9% de las aspirantes a congresos estatales y el 95,3% de quienes buscaron escaños en el Legislativo federal padecieron al menos un patrón de agresión durante el proceso electoral 2023-2024. Los datos comprueban que el principio constitucional de paridad numérica en las papeletas no garantiza por sí solo un entorno protegido e igualitario para la participación pública femenina.
El documento, denominado «Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias», fue elaborado por el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género tras relevar testimonios de 615 candidatas a distintos niveles de gobierno en territorio mexicano. Al desglosar las modalidades de agresión, los investigadores identificaron que la violencia psicológica afectó al 95,1% de las encuestadas, mientras que los ataques de carácter sexual alcanzaron al 61,4% y las coacciones económicas al 57,4% de las participantes.
Agresiones en plataformas digitales y presiones al interior de los partidos
El diagnóstico reveló que ocho de cada diez políticas sufrieron agresiones simultáneas en concentraciones territoriales y a través de redes sociales. La violencia digital se caracterizó por campañas sistemáticas de desprestigio, suplantación de identidad y uso malicioso de inteligencia artificial para denigrar la trayectoria de las lideresas. Esta dinámica de confrontación y polarización regional incide de manera generalizada en los procesos políticos de Iberoamérica, como se constata al analizar el impacto de coyunturas institucionales como la crisis de habitabilidad y entorno social de estudiantes en España y otras capitales occidentales.
Asimismo, el reporte destacó que cerca del 50% de las aspirantes parlamentarias denunció haber sufrido conductas discriminatorias provenientes del interior de sus propias formaciones políticas. En seis de cada diez de estos casos, las participantes identificaron a integrantes de las cúpulas directivas partidistas como los responsables directos de bloquear presupuestos de campaña, negar acceso a franjas de publicidad y excluirlas de asambleas decisorias.
A estas dificultades se sumaron las obligaciones de cuidados familiares no remunerados, las cuales representaron una carga adicional para el 64,3% de las candidatas municipales, con un 77% señalando limitaciones severas para coordinar recorridos proselitistas. La discriminación económica golpeó con mayor dureza a las mujeres indígenas, donde el 77% reportó obstáculos desmedidos para acceder al financiamiento público oficial. Pese a estas adversidades estructurales, el 83,6% de las entrevistadas ratificó su voluntad de postularse nuevamente a cargos públicos en próximos comicios.
Brecha procesal y recomendaciones del Instituto Nacional Electoral
El estudio subrayó la persistencia de una amplia brecha de desprotección institucional: únicamente 18 de cada 100 mujeres vulneradas interpusieron recursos formales ante las autoridades y solo cuatro alcanzaron resoluciones favorables. Las víctimas indicaron que la desconfianza procesal y el temor a perder su postulación frenan la judicialización de los hechos.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que los avances cuantitativos de representación deben complementarse con mecanismos efectivos de sanción y protección estatal. Los organismos internacionales instaron al Estado mexicano a adecuar los marcos punitivos partidarios para asegurar que las mujeres electas ejerzan sus atribuciones gubernamentales en condiciones de autonomía, dignidad y sin amenazas a su integridad personal.
