La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos vinculado con la Cooperativa Inteligencia de Negocios Incoop. Según la información disponible, el proceso comenzó en octubre de 2025, meses antes de que la entidad fuera intervenida.
Incoop, catalogada dentro del segmento 3 de cooperativas medianas, manejaba activos cercanos a los USD 19,9 millones, lo que la convertía en un actor relevante dentro del sistema financiero popular y solidario.
Liquidación forzosa y señales de alerta
En febrero de 2026, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) dispuso la liquidación forzosa de la cooperativa. La decisión se basó en el incumplimiento sustancial de un programa de Supervisión Intensiva que había iniciado en noviembre de 2023.
La entidad ya había sido catalogada con un perfil de riesgo crítico desde mayo de 2023, lo que encendió las alarmas de los organismos de control. Tras múltiples evaluaciones y advertencias, las autoridades determinaron que Incoop no logró corregir sus fallas estructurales.
Posibles responsabilidades penales
La normativa ecuatoriana establece que, cuando existen indicios de responsabilidad penal tras la liquidación de una entidad financiera, la Superintendencia debe presentar una denuncia ante la Fiscalía.
Aunque no se ha confirmado si la investigación se inició de oficio o por denuncia, la resolución de liquidación incluyó la instrucción expresa de remitir el caso para indagaciones penales.
Situación actual de la cooperativa y sus clientes
Desde marzo de 2026, las oficinas de Incoop en Quito permanecen cerradas, sin atención al público. Los depositantes enfrentan incertidumbre, especialmente tras una medida cautelar judicial que suspendió temporalmente los efectos de la liquidación.
Esto ha provocado la paralización de los procesos de devolución de depósitos. Además, al tratarse de una cooperativa del segmento 3, la cobertura del seguro de depósitos alcanza solo hasta USD 5.000 por cliente.
Hasta diciembre de 2025, la institución contaba con más de 5.400 socios y depósitos por USD 17,1 millones.
Conflicto legal y defensa de Incoop
La cooperativa ha rechazado la liquidación forzosa y presentó acciones legales argumentando vulneraciones al debido proceso. Entre sus principales reclamos está la supuesta falta de notificación de informes técnicos clave y el cierre anticipado del programa de supervisión.
Por su parte, la Superintendencia sostiene que el proceso se ejecutó conforme a la normativa vigente y que las decisiones se basaron en evaluaciones técnicas continuas.
Impacto e incertidumbre en el sistema financiero
El caso de Incoop no solo afecta a sus socios, sino que también genera preocupación sobre la supervisión y estabilidad del sistema de cooperativas en Ecuador. La investigación por presunto lavado de activos añade un componente penal que podría agravar aún más la situación.
Fuente: Primicias
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