La investigación penal sobre la adquisición de equipamiento termoeléctrico avanza hacia nuevas instancias judiciales durante este ejercicio de 2026. En la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado vinculó formalmente a José Manuel De Oliveira en la causa que analiza la adjudicación de proyectos de provisión eléctrica a la empresa estadounidense Progen.
El procesado se desempeñó como excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, interviniendo en la revisión de términos de referencia y contratos emergentes destinados a mitigar el déficit de energía en el país.
Actuaciones contractuales y presunto favorecimiento a la contratista
La teoría fiscal sostiene que el exfuncionario tuvo acceso anticipado a documentación técnica antes de la declaratoria oficial de emergencia nacional. En este contexto, el expediente contra José Manuel De Oliveira reúne los siguientes elementos procesales:
- Reuniones sobre prórrogas: Convocatorias a delegados jurídicos de Termopichincha para explorar adendas y extensiones de plazo cuando la firma ya registraba multas acumuladas.
- Proyectos investigados: Gestión de expedientes relacionados con las plantas de generación eléctrica en Salitral y Quevedo.
- Intervención en Catamayo: Testimonios señalan que José Manuel De Oliveira habría pedido blindar de revisiones el contrato adjudicado por la eléctrica regional a la misma empresa.
- Contactos directos: Intercambio de comunicaciones sobre requisitos técnicos y desembolsos económicos con representantes locales de la contratista extranjera.
Solicitud de medidas cautelares y notificación internacional
Debido a la gravedad de los hechos expuestos, el Ministerio Público solicitó formalmente la prisión preventiva por presunto peculado en contra de diez procesados. Para evitar riesgos de fuga u obstaculización judicial, el fiscal general encargado demandó además la emisión de una difusión roja mediante Interpol.
Por esta razón, la vinculación al caso Progen ubica a José Manuel De Oliveira como presunto autor directo de irregularidades administrativas en la adjudicación de los contratos públicos.
Asimismo, la judicatura analiza la retención física de documentación técnica y cronogramas de obra que no contarían con actas de devolución en las dependencias estatales.
Conclusiones sobre la audiencia en la Corte Nacional de Justicia
El control judicial sobre los procesos de contratación durante periodos de emergencia resulta clave para garantizar la transparencia en los recursos públicos. El seguimiento al proceso contra José Manuel De Oliveira determinará las responsabilidades legales en torno al manejo de la crisis eléctrica.
En conclusión, la situación procesal de José Manuel De Oliveira como excoordinador jurídico del Ministerio de Energía se agrava tras la vinculación al caso Progen y el pedido de prisión preventiva por presunto peculado.
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Fuente: expreso
