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Juicio Político a Mario Godoy: Más de 20 Testigos Convocados por la Asamblea Nacional

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El proceso de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, avanza rápidamente en la Asamblea Nacional ecuatoriana. La Comisión de Fiscalización analiza desde el 12 de enero de 2025 los documentos que sustentan la solicitud impulsada por la Revolución Ciudadana, con una lista que supera los 20 testigos convocados para declarar contra el funcionario judicial.

Entre el jueves 15 y viernes 16 de enero de 2026, la mesa legislativa dominada por Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados podría avocar conocimiento y calificar formalmente la solicitud. El pedido obtuvo el aval de la Unidad Técnica Legislativa, confirmando que cumple los requisitos procedimentales para continuar su trámite.

Acusaciones Centrales en el Juicio Político a Mario Godoy

Las motivaciones del juicio político contra Mario Godoy se centran en dos ejes fundamentales. Primero, se lo acusa de violar la independencia interna de la Función Judicial mediante presiones ejercidas por Henry Gaibor, entonces director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, hacia el juez anticorrupción Carlos Serrano para beneficiar a un narcotraficante serbio en su sentencia.

Además, los asambleístas correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Xavier Lasso y Franklin Samaniego argumentan que Godoy no realizó procesos de selección, evaluación y recategorización de funcionarios judiciales. Esta supuesta omisión habría generado una gestión «opaca e insuficiente» que perjudicó la institucionalidad de la Judicatura ecuatoriana.

Lista de Testigos Clave Convocados a Declarar

Para sustentar las acusaciones en el juicio político contra Mario Godoy, el correísmo presentó un listado estratégico de 20 personas que ratificarían las irregularidades denunciadas. Entre los testimonios más relevantes destacan:

Exfuncionarios judiciales: Solanda Goyes (exvocal del Consejo de la Judicatura), Carlos Serrano (exjuez anticorrupción), José Suing (expresidente de la Corte Nacional de Justicia) y Henry Gaibor (exfuncionario del CJ en Pichincha).

Jueces activos: Christian Fierro (juez de la Unidad Anticorrupción) y Marco Rodríguez (juez de la Corte Nacional de Justicia) aportarían perspectivas desde el ejercicio jurisdiccional actual.

Dirigentes sociales y legisladores: Gary Espinoza Martínez (expresidente de la Fenocin) y el asambleísta Eckenner Recalde (ADN) complementarían el panorama testimonial.

Asimismo, aunque no figura en el listado oficial, la Revolución Ciudadana no descarta convocar a Samantha Lozada, exdirectora de la Judicatura en Orellana, quien denunció persecución sistemática del crimen organizado sin protección estatal adecuada.

Estrategia de Defensa y Contraofensiva

Mario Godoy anticipó que presentará «documentos, hechos y respuestas» en su defensa, con aproximadamente 20 testigos propios. Fuentes extraoficiales sugieren que su estrategia incluiría solicitar la incorporación de prueba nueva durante el proceso para respaldar las acusaciones que realizó contra el correísmo durante su comparecencia del 5 de enero ante el Pleno.

La asambleísta Ana Herrera (RC), integrante de Fiscalización, señaló que cualquier prueba nueva debe encajar con las motivaciones originales del juicio político contra Mario Godoy. Por su parte, Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la comisión, confirmó que es un derecho procesal de ambas partes presentar nuevos elementos de cargo y descargo, los cuales deberán ser debatidos, votados y admitidos formalmente.

Cronograma Procesal y Próximos Pasos

Una vez calificada la solicitud, tanto acusadores como acusado dispondrán de 15 días para presentar pruebas de respaldo. Posteriormente, se abrirá una fase de 10 días para la práctica de pruebas, incluyendo los testimonios convocados en el juicio político contra Mario Godoy.

Finalmente, la Comisión de Fiscalización elaborará un informe no vinculante que podría recomendar al Pleno la censura y destitución del funcionario o el archivo del caso por falta de sustento. Este proceso marca un momento crítico para la institucionalidad judicial ecuatoriana y su relación con el poder legislativo.

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Fuente:
primicias

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