La Asamblea Nacional inicia el 2026 con una agenda marcada por pendientes legislativos, tensiones políticas y el desafío de fortalecer la fiscalización al Ejecutivo de Daniel Noboa. Aunque el oficialismo sostiene que se han alcanzado avances importantes, distintas bancadas coinciden en que el Parlamento arrastra una deuda tanto en producción normativa como en control político.
Con una hoja de ruta aprobada en julio de 2025 y compuesta por cinco ejes estratégicos, el Legislativo encara un escenario en el que la seguridad, la economía y la lucha contra la corrupción concentran la mayor atención, mientras otros temas sociales reclaman espacio en el debate.
Una agenda legislativa con avances parciales
La agenda legislativa vigente contempla 53 proyectos de ley relacionados con seguridad, desarrollo social, economía, infraestructura y combate a la corrupción. Hasta finales de 2025, la Asamblea tramitó 22 iniciativas, de las cuales solo nueve fueron aprobadas y 13 archivadas. A ese balance se sumó, en diciembre, la aprobación de la Ley del Deporte antes del receso legislativo.
Desde la presidencia de la Asamblea se sostiene que el cumplimiento alcanza el 41 %, pero legisladores de distintas fuerzas políticas consideran que ese avance es insuficiente y refleja dificultades estructurales en el trabajo de varias comisiones.
Comisiones bajo presión y necesidad de ajustes
El propio presidente del Legislativo reconoció que algunas mesas requieren mayor supervisión para cumplir con los objetivos trazados. Existen comisiones que han reducido significativamente su número de sesiones, lo que ha retrasado el tratamiento de proyectos clave, especialmente en el ámbito de la justicia.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado es uno de los casos más visibles, con varios proyectos en trámite, entre ellos reformas al Código Orgánico Integral Penal y una Ley de Extradición, pero con escasa actividad en los últimos meses de 2025.
Seguridad y justicia como ejes prioritarios
Para 2026, la seguridad se perfila como uno de los pilares centrales del trabajo legislativo. La Comisión de Seguridad avanza en el informe para segundo debate de la Ley de Ciberseguridad, considerada prioritaria, y mantiene pendientes otras normativas relacionadas con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El Pleno también deberá abordar leyes destinadas a mejorar la coordinación entre ambas instituciones en el marco del combate al crimen organizado, uno de los principales desafíos del país.
Economía y leyes urgentes impulsadas por el Ejecutivo
En materia económica, la Comisión de Desarrollo Económico se ha convertido en una de las más activas, tramitando todas las leyes urgentes enviadas por el presidente Noboa desde mayo de 2025. Para 2026 se prevé que el Ejecutivo continúe utilizando este mecanismo para impulsar reformas económicas y fiscales.
Además, se analizan propuestas relacionadas con fomento artesanal, aviación civil, emprendimiento e innovación, así como reformas tributarias y de planificación financiera.
Pendientes en lo laboral, social y educativo
El ámbito laboral también enfrenta retrasos. La Ley para el Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado quedó suspendida en el Pleno sin explicación, pese a contar con informe para segundo debate. Paralelamente, se trabaja en reformas orientadas a la protección de la mujer durante la maternidad.
En educación, las comisiones avanzan en reformas a la Ley de Educación Intercultural y a la Ley de Educación Superior, además de un proyecto sobre educación financiera, con la expectativa de recoger aportes ciudadanos en territorio durante 2026.
Niñez y salud mental, temas en disputa
La Comisión de la Niñez heredó reformas complejas al Código de la Niñez y Adolescencia y avanza en una ley sobre salud mental infantil. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan que estos temas no figuren entre las prioridades anunciadas por la presidencia de la Asamblea, lo que evidencia tensiones sobre el enfoque social de la agenda legislativa.
La fiscalización, la gran deuda del Parlamento
Más allá de la producción de leyes, la principal crítica al Legislativo se centra en la débil fiscalización. La Constitución establece esta función como una de las competencias esenciales de la Asamblea, pero su ejercicio ha sido limitado durante el periodo iniciado en mayo de 2025.
Para 2026, se espera que se reactiven investigaciones sobre la crisis hospitalaria, hechos de violencia en movilizaciones sociales y, especialmente, el caso del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cuya comparecencia marcará el inicio del nuevo ciclo de control político.
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