El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador enfrenta una crisis institucional profunda. Con sus miembros actuales prorrogados desde hace 145 días y solo tres vocales en funciones, el organismo encargado de la administración judicial está al borde del colapso. La falta de renovación de autoridades se debe a la paralización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la designación de nuevos integrantes, situación que compromete la capacidad del CJ para operar eficazmente.
Para complicar aún más el panorama, la Asamblea Nacional ha iniciado un proceso de juicio político contra uno de los tres vocales restantes, lo que podría dejar al organismo sin quórum para tomar decisiones fundamentales.
Un Consejo con vocales al límite del quórum
Actualmente, el CJ está conformado solo por Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, representantes de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo, respectivamente. Ni la Defensoría Pública ni la Asamblea Nacional cuentan con representación.
Este escenario de precariedad se ha forjado tras dos destituciones, una censura legislativa y ocho renuncias en el actual periodo que comenzó en enero de 2019. Según el artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo puede funcionar con un mínimo de tres integrantes, por lo que está operando en su límite máximo.
Juicio político amenaza con dejar al Consejo sin quórum
El 13 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el inicio de un juicio político contra Solanda Goyes, por presunto incumplimiento de funciones. El proceso podría durar alrededor de 45 días antes de llegar al Pleno, donde se decidirá su censura y posible destitución, para lo que se requieren 77 votos.
Si Goyes es destituida, solo quedarían dos vocales en la Judicatura, lo que imposibilitaría que el Consejo sesione o tome decisiones claves como nombramientos de jueces, destituciones o elaboración del presupuesto.
La designación que nunca llega: CPCCS paralizado
Para evitar la paralización total del CJ, es indispensable que el CPCCS designe a cinco nuevos vocales y sus suplentes para un periodo de seis años. Este proceso requiere que la Corte Nacional, Asamblea, Ejecutivo, Defensoría y Fiscalía presenten ternas de candidatos para que el CPCCS elija a los mejores postulantes.
Aunque el proceso inició en diciembre de 2024 y algunas ternas han sido presentadas, el CPCCS no ha avanzado en la designación. Uno de los principales problemas es que el presidente Daniel Noboa no ha enviado aún la terna correspondiente al Ejecutivo, a pesar de compromisos públicos para hacerlo.
Por otro lado, la Asamblea Nacional tampoco ha remitido una nueva terna tras dejar sin efecto la propuesta enviada por la legislatura anterior, generando un vacío institucional que mantiene el Consejo sin renovaciones.
Consecuencias y futuro incierto
La falta de designaciones y la posibilidad de que el juicio político deje a la Judicatura sin quórum amenaza con paralizar la administración de justicia en Ecuador, un problema que podría aumentar la crisis de confianza en las instituciones judiciales.
El CPCCS tiene la capacidad de nombrar ya a tres vocales entre las ternas presentadas para garantizar que el Consejo no quede sin quórum, lo que permitiría al menos mantener el funcionamiento básico y evitar un colapso institucional.
No obstante, hasta la fecha, la falta de respuesta y la paralización política ponen en riesgo la estabilidad judicial, en un momento crítico para la justicia ecuatoriana.
Fuente: Primicias
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