La empresa de catering Lafattoria ha emitido una advertencia sobre la posible suspensión del suministro de alimentos en las cárceles de Guayaquil debido a la falta de pago por parte del Gobierno ecuatoriano. Esta situación podría agravar aún más la crisis alimentaria en los centros de detención del país, afectando a miles de reclusos y poniendo en jaque la estabilidad del sistema penitenciario.
Desde el 1 de mayo, Lafattoria dejó de proveer alimentos en las cárceles del norte de Ecuador, impactando a 20 centros de privación de libertad y a aproximadamente 11.000 detenidos. La empresa sostiene que la deuda del Gobierno, acumulada desde diciembre de 2023 y ascendiendo a USD 30 millones, hace insostenible la continuidad del servicio en Guayaquil más allá de mayo.
Declaraciones de Lafattoria
Joffre Campaña, abogado de Lafattoria, ha subrayado que la empresa no podrá seguir alimentando a los presos en Guayas, incluidos los cinco complejos carcelarios de Guayaquil y centros de adolescentes infractores, a menos que el Gobierno pague la deuda pendiente. Campaña señala que la prestación del servicio ha sido continua desde diciembre de 2023, bajo un contrato firmado en octubre de 2023 y vigente desde diciembre, sin recibir ningún pago durante este periodo.
Impacto en las cárceles del norte
La suspensión del servicio en las cárceles del norte del país ha generado una crisis significativa. Con la falta de alimentos provistos por Lafattoria, los propios reclusos han tenido que cocinar sus comidas con donaciones que resultan insuficientes. Este escenario ha provocado un deterioro en las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios, exacerbando las tensiones y la inseguridad.
Reacción del Gobierno
Un día después de la suspensión del servicio en el norte, el Gobierno Nacional presentó una ‘noticia criminis’ ante la Fiscalía para investigar supuestos vínculos entre Lafattoria y el crimen organizado. El Gobierno ha inhabilitado a la empresa como proveedora del Servicio de Contratación Pública y suspendido un contrato de desayuno escolar con el Ministerio de Educación. Las acusaciones incluyen presuntos actos de corrupción y el ingreso de armas a las cárceles.
Acusaciones y defensa de Lafattoria
Lafattoria ha negado rotundamente las acusaciones de vínculos con el crimen organizado y considera las acciones del Gobierno como una difamación. Campaña argumenta que hay intereses económicos en juego, sugiriendo que las acusaciones buscan justificar la rescisión de los contratos con la empresa para beneficiar a otras entidades.
Lafattoria ha mantenido contratos con el Gobierno desde 2015, habiendo recibido aproximadamente USD 171 millones por estos servicios. En el caso del servicio en el norte, la empresa operaba bajo convenios de pago desde 2018, un mecanismo que se aplicó de manera sistemática debido a la imposibilidad de celebrar contratos formales. Estos convenios acumularon una deuda de al menos USD 77 millones desde 2020.
Deudas con el Ministerio de Educación
Además de las deudas en el sector penitenciario, Lafattoria enfrenta impagos del Ministerio de Educación por USD 11,9 millones por la provisión de desayunos escolares en las provincias de Guayas y Los Ríos, y otros USD 4,2 millones pendientes de facturación. Desde 2015, la empresa ha recibido 49 órdenes de compra por más de USD 500 millones para este servicio. La falta de pago ha llevado al Ministerio de Educación a buscar alternativas, lanzando un proceso de contratación con ESPE Innovativa EP de la Universidad de las Fuerzas Armadas por USD 11,4 millones.
Acciones legales y medidas cautelares
En respuesta a la situación, Lafattoria presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 8 de mayo, actualmente en estudio. Campaña afirma que las acusaciones y la inhabilitación de la empresa responden a intereses económicos para tomar control de los contratos de provisión de alimentos tanto en cárceles como en escuelas.
La disputa entre Lafattoria y el Gobierno ecuatoriano ha escalado, poniendo en riesgo la alimentación de miles de presos y estudiantes. La resolución de este conflicto es crucial para garantizar la estabilidad en los centros penitenciarios y la continuidad del servicio de desayunos escolares. La intervención de organismos internacionales y la transparencia en la gestión de contratos públicos serán esenciales para encontrar una solución justa y sostenible.
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