La Ley de Solidaridad Nacional enfrenta su primer desafío judicial este 25 de agosto de 2025. La Corte Constitucional de Ecuador inició las audiencias por las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra las leyes económicas urgentes del gobierno del presidente Daniel Noboa. Por tanto, este proceso marca un momento decisivo para la normativa gubernamental.
El gobierno defendió que la violencia criminal justifica las medidas económicas urgentes implementadas. Sin embargo, los demandantes argumentan que la mayoría del contenido normativo no tiene relación con materia económica. En consecuencia, se genera una controversia constitucional significativa sobre el alcance de estas disposiciones.
Primera Audiencia: Demandantes Cuestionan Constitucionalidad
Los representantes del partido Unidad Popular, el gremio de abogados, Inredh y otros actores presentaron sus argumentos durante la primera jornada. Además, señalaron que la Ley de Solidaridad Nacional es incompatible con la Constitución porque aborda principalmente temas de seguridad pública y conflicto armado interno.
Asimismo, los demandantes enfatizaron que solo dos artículos se refieren a temas económicos de los 50 párrafos totales. También cuestionaron el carácter económico urgente otorgado por el presidente Noboa, alegando que limitó la participación ciudadana en el proceso legislativo.
Gobierno Defiende Urgencia Económica por Violencia Criminal
Por otra parte, la Asamblea Nacional respondió a través de su representante Mercedes Mediavilla. Ella defendió que la norma respeta la unidad de materia y tuvo un trámite legislativo correcto. Igualmente, argumentó que fue la propia Corte Constitucional quien requirió al Ejecutivo regular el conflicto armado interno.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, indicó que las demandas nacen de una tergiversación de la Ley de Solidaridad Nacional. No obstante, defendió que la normativa tiene un objeto económico enfocado en combatir la economía criminal y fortalecer las instituciones públicas.
Procuraduría Justifica Medidas por Afectación Económica
Mientras tanto, el representante de la Procuraduría General del Estado, Miguel Mendoza, acotó argumentos adicionales. Él sostuvo que la situación de violencia en Ecuador justifica las circunstancias apremiantes del país. Además, explicó cómo la violencia se relaciona directamente con la afectación a las economías ciudadanas.
Finalmente, las audiencias continuarán evaluando los fundamentos constitucionales de esta controvertida legislación. La Ley de Solidaridad Nacional representa una prueba crucial para el gobierno de Noboa en su estrategia contra la criminalidad organizada.
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