En un giro crucial dentro del caso de la desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Ecuador decidieron apelar la sentencia de hábeas corpus que había determinado la responsabilidad estatal en el caso. Esta sentencia se había emitido después de que se estableciera que los niños fueron aprehendidos por una patrulla militar el 8 de diciembre y más tarde, desaparecieron en circunstancias que apuntaban a un posible involucramiento de las fuerzas del Estado.
Los menores, Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), residían en el barrio Las Malvinas en el sur de Guayaquil. La desaparición de estos niños ha desatado una intensa preocupación y ha centrado la atención en la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el caso. Una vez que los niños fueron vistos por última vez en custodia militar.
Apelación de los militares y defensa de los derechos humanos
El abogado de las víctimas, Fernando Bastias, expresó que la apelación presentada por los militares demuestra “la posición de impunidad” que mantienen respecto al caso. Bastias, quien también representa al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), recalcó que el hábeas corpus no establece un delito específico, sino una “responsabilidad por una grave violación a los derechos humanos” en este caso.
En su apelación, el Ministerio de Defensa argumentó que el proceso judicial relacionado con la desaparición de los niños debía ser resuelto a través de un proceso distinto. En el que se pudiera analizar la responsabilidad individual de los militares implicados. Además, la Defensa señaló que la investigación de la Fiscalía, que ya había comenzado, era suficiente para esclarecer los hechos.
El Comando de las Fuerzas Armadas, por su parte, calificó de “improcedente” el recurso legal, debido a que ya estaba abierta una investigación sobre el delito de desaparición forzada. Esto abarcaba a los hermanos Arroyo, Arboleda y Medina.
El dictamen de la jueza y las responsabilidades estatales
El 24 de diciembre de 2024, la jueza que dictó la sentencia de hábeas corpus había establecido que no se trataba de un simple caso de desaparición, sino de una posible violación grave a los derechos humanos con responsabilidad estatal. Aunque los menores aún estaban desaparecidos y los restos hallados en una zona cercana no habían sido confirmados como los de los niños. La jueza resolvió que el Estado debía garantizar la búsqueda de los menores y tomar medidas preventivas para evitar que este tipo de hechos se repitieran.
Bastias también destacó que la jueza no había dictado sanciones individuales. Sino que había identificado responsabilidades estatales que debían ser asumidas para asegurar la justicia en el caso. El abogado agregó que esto era un paso crucial para que las víctimas pudieran acceder a la justicia. Debido al caso subrayando que la investigación debía seguir su curso sin interferencias.
Futuro del caso y participación de las víctimas
En caso de que el fallo de apelación sea aceptado por la justicia. Bastias adelantó que las víctimas llevarían el caso a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección. Lo que podría implicar una nueva revisión del caso y un posible ajuste en las responsabilidades del Estado.
Por su parte, las familias de los niños desaparecidos están preparando una acusación particular dentro del proceso de desaparición forzada. Esto les permitirá participar activamente en el juicio, buscando no solo una sanción penal para los responsables, sino también una reparación integral para las víctimas. Además, se planean tomar declaraciones de otros niños que estaban con los menores antes de que fueran aprehendidos por los militares, y se solicitará una reconstrucción de los hechos.
Pruebas de ADN y la búsqueda de justicia internacional
Una de las principales peticiones de las familias de las víctimas es la revalidación de los resultados de las pruebas de ADN realizadas en los restos humanos encontrados cerca de la zona donde se perdió el rastro de los niños. Las autoridades han pedido la colaboración de universidades extranjeras para confirmar los resultados de estas pruebas. Que podrían ofrecer mayor certeza sobre la identidad de los restos hallados, que fueron enterrados en un cementerio de Guayaquil.
Por otro lado, las autoridades ecuatorianas también enfrentan presión internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha otorgado un plazo al Estado ecuatoriano para que informe sobre las acciones que se han tomado en relación con el caso. Este plazo expira el 7 de enero de 2025, lo que podría tener implicaciones adicionales en la resolución del caso.
Reflexión sobre la crisis institucional y la impunidad
El caso de la desaparición forzada de los niños en Guayaquil pone de relieve una crisis institucional en Ecuador. Con implicaciones no solo para las Fuerzas Armadas. Sino para el sistema judicial y la confianza de la sociedad en el manejo de los derechos humanos. La apelación de los militares a la sentencia de hábeas corpus resalta las tensiones dentro del Estado. Mientras que las familias de las víctimas y los defensores de los derechos humanos continúan luchando por justicia.
La actitud de impunidad denunciada por los abogados de las víctimas refleja una tendencia preocupante en la que la rendición de cuentas parece quedar relegada frente a intereses políticos y militares. Este caso subraya la necesidad urgente de una reforma en el sistema judicial y de seguridad. Para garantizar que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes y que las víctimas reciban justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El proceso de justicia en el caso de la desaparición forzada de los cuatro niños continúa siendo incierto. Mientras las autoridades judiciales y militares se enfrentan a un desafío mayor. Garantizar que se haga justicia en un contexto de fuerte tensión política y social. La comunidad internacional está atenta a las decisiones que se tomen. La presión sobre el gobierno ecuatoriano para esclarecer los hechos y garantizar la reparación de las víctimas no cesa.
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