Minería ilegal en Ecuador: un fenómeno fuera de control
La minería ilegal en Ecuador se ha convertido en uno de los principales motores de financiamiento del crimen organizado. Esta actividad ilícita, lejos de reducirse, ha ganado terreno en varias regiones del país, generando violencia, devastación ambiental y pérdidas económicas considerables.
En zonas como Zamora Chinchipe, Imbabura y Napo, la minería ilegal en Ecuador avanza con rapidez, dejando tras de sí bosques arrasados, ríos contaminados con mercurio y comunidades desplazadas. Aunque existen operativos semanales, decomisos y destrucción de maquinaria, estos esfuerzos han resultado insuficientes ante el poder y la organización de los grupos criminales involucrados.
Enclaves productivos con gobernanza criminal
Un informe de la Policía colombiana identifica cuatro grandes enclaves de minería ilegal en Ecuador. Estas zonas, que comprenden provincias como Imbabura, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y El Oro, están dominadas por estructuras delictivas que reemplazan al Estado en sus funciones.
La minería ilegal en Ecuador ha sido apropiada por bandas como Los Lobos y Los Choneros. Estas organizaciones actúan como empresas multinacionales, con actividades paralelas que incluyen narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. En algunos casos, han establecido alianzas con grupos armados colombianos, lo que ha agravado la violencia en regiones fronterizas.
Oro ilegal: la nueva economía del crimen
El precio del oro ha superado los USD 3.000 por onza en 2025. Este auge ha beneficiado de forma desproporcionada a las mafias. Se estima que el 67% del oro que se extrae en Ecuador proviene de minería ilegal, según las Fuerzas Armadas. El valor exportado por esta vía superó los USD 1.300 millones en 2024.
La minería ilegal en Ecuador no solo contamina el medioambiente, también permite lavar activos y financiar otros delitos. Su sofisticación ha crecido al punto de incluir redes de exportación con complicidad institucional, según organismos como la ONU.
Ante este panorama, el Gobierno ha anunciado medidas como el aumento del presupuesto para la Agencia de Regulación y Control Minero y la creación de comités interinstitucionales. Sin embargo, mientras la minería ilegal en Ecuador siga generando ganancias millonarias, el reto seguirá siendo monumental.
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