Una amenaza creciente que va más allá del daño ambiental
La minería ilegal en Ecuador se ha transformado en una amenaza directa para la seguridad nacional. Aunque históricamente se le ha vinculado a la degradación ambiental, hoy su alcance es mucho más amplio. Esta actividad ilícita no solo destruye ecosistemas frágiles, sino que también alimenta redes delictivas, corrompe instituciones públicas y deja al Estado con pérdidas económicas alarmantes.
El papel de los operativos militares y su alcance limitado
El Gobierno de Ecuador ha intensificado su respuesta mediante operativos militares en territorios clave como Buenos Aires, Imbabura y Alto Punino. Estas acciones, aunque necesarias, no han logrado frenar completamente el avance de la minería ilegal en Ecuador. A pesar de la destrucción de retroexcavadoras, bocaminas y dragas, el valor del oro exportado ilícitamente alcanzó los USD 1.300 millones en 2024.
Identificar a los beneficiarios finales: clave para una solución estructural
Expertos como Julia Yansura y Stevie Gamboa coinciden en que los esfuerzos del Estado deben ir más allá del uso de la fuerza. Es esencial aplicar la política de beneficiarios finales de forma efectiva. Esta herramienta permite rastrear a quienes realmente lucran con la minería ilegal en Ecuador, incluyendo empresas pantalla y actores vinculados al narcotráfico.
Corrupción estatal: un obstáculo para el control efectivo
Uno de los mayores desafíos es la infiltración de redes criminales en instituciones públicas. Casos de corrupción en Arcom y el Viceministerio de Minas reflejan una preocupante realidad. Equipos y maquinaria de gobiernos locales han sido encontrados en operaciones mineras ilegales, lo que confirma la colusión entre autoridades y mafias del oro.
La estrategia interinstitucional y el fortalecimiento de controles
Con el objetivo de combatir estructuralmente la minería ilegal en Ecuador, el Gobierno creó el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). Este comité, conformado por 15 entidades estatales, ha logrado detectar operaciones sospechosas y empresas ficticias que lavaban dinero mediante exportaciones mineras.
Además, desde 2025 se restringió la participación de las SAS en el sector minero, debido a su uso frecuente en esquemas de evasión fiscal y simulación de operaciones comerciales.
Cooperación internacional: el apoyo de Estados Unidos
Ecuador también ha buscado colaboración internacional. Con Estados Unidos existe un acuerdo para combatir el crimen organizado, que incluye medidas contra la minería ilegal en Ecuador. Una de las iniciativas más destacadas es el control conjunto sobre maquinaria pesada usada en la extracción de minerales.
¿Qué más se puede hacer?
Para frenar la expansión de la minería ilegal en Ecuador, se requiere una política pública integral. Es necesario reforzar el control en puertos y fronteras, blindar el sistema financiero ante flujos ilícitos, y castigar con contundencia a los funcionarios implicados. Sin instituciones sólidas y voluntad política, cualquier esfuerzo será insuficiente frente a este fenómeno transnacional.
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