En Ecuador, el Código de la Democracia establece rigurosas sanciones para aquellos ciudadanos que no cumplan con su deber cívico de votar en eventos electorales como la consulta popular y referéndum que se llevará a cabo este 21 de abril. Desde multas monetarias hasta penalizaciones para quienes abandonen sus responsabilidades como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), el marco legal busca garantizar la participación activa de los ecuatorianos en el proceso democrático.
Convocatoria masiva y voto obligatorio en la consulta popular
Con un total de 13,654,291 ecuatorianos convocados para ejercer su derecho al voto en esta consulta popular y referéndum del 2024, el país se prepara para una jornada electoral de gran importancia. Para aquellos ciudadanos que se encuentran en el rango de edad entre los 18 y 64 años, el voto es mandatorio, lo que significa que su participación en el proceso es obligatoria.
Sanciones previstas en el Código de la Democracia
El incumplimiento de la obligación de votar no pasa desapercibido. De acuerdo con el Código de la Democracia, se establecen multas monetarias que se aplican antes, durante y después de los procesos electorales. Aquellos que no ejerzan su derecho al voto deberán pagar el 10 % del salario básico unificado (SBU), equivalente a $46.
Multas acumulables y categorías de infracciones
Es importante tener en cuenta que estas multas son acumulables y varían según la gravedad de la infracción. Desde el abandono de funciones como miembro de una JRV hasta la realización de propaganda en días de silencio electoral, cada acción tiene su consecuencia en forma de multa monetaria. Las infracciones electorales pueden ser consideradas leves, graves o muy graves, con multas que van desde $46 hasta un máximo de $32,200.
Preparativos y costos del proceso electoral de la consulta popular
El despliegue logístico para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral es impresionante. Los militares han distribuido el material electoral a más de 4,322 recintos en todo el país, donde se instalarán un total de 41,252 JRV. Con un presupuesto asignado de alrededor de $60 millones por el Consejo Nacional Electoral, este proceso representa un esfuerzo significativo para mantener la integridad y transparencia del sistema democrático ecuatoriano.
En resumen, las multas por no votar en la consulta popular y referéndum de Ecuador son una medida de coerción destinada a fomentar la participación ciudadana en el proceso electoral y garantizar la validez de los resultados.
Te puede interesar:
Consulta popular 2024: Resultados preliminares anunciados por Diana Atamaint