El Municipio de Guayaquil oficializó una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 20 de febrero de 2026 con 77 votos. Las autoridades locales sostienen que la normativa afecta la autonomía municipal y limita la capacidad de los gobiernos locales para administrar sus recursos.
El anuncio se realizó el viernes 6 de marzo de 2026 durante una rueda de prensa en el Salón de la Ciudad. La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel explicó que la decisión busca proteger la gestión financiera del cabildo y garantizar la continuidad de varios programas sociales financiados por el municipio.
Municipio de Guayaquil sobre limitaciones en la gestión del presupuesto
La reforma al Cootad establece que los gobiernos autónomos descentralizados deben destinar el 70% de su presupuesto a obra pública y el 30% a gasto corriente. Para el Municipio de Guayaquil, esta distribución obligatoria reduce la capacidad de planificación y toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos.
Durante su intervención, Coronel afirmó que la normativa representa una restricción a la autonomía municipal y la calificó como una ley que podría generar presión financiera sobre los cabildos.
La funcionaria señaló que la imposición de porcentajes fijos podría afectar la continuidad de varios servicios sociales que actualmente se brindan sin costo a la ciudadanía a través de distintas dependencias municipales.
Entre los programas que podrían verse comprometidos mencionó los servicios que ofrecen entidades como la Dirección de Acción Social y Educación, la Dirección de Deportes y la Dirección de la Mujer, además de otras dependencias y empresas públicas que brindan atención gratuita a la población.
Autoridades sostienen que la reforma afecta la descentralización
De acuerdo con la alcaldesa subrogante, la reforma podría representar un retroceso en el modelo de descentralización del Estado. Según su criterio, las nuevas disposiciones se alejan del espíritu original del Cootad y se asemejan a mecanismos de control presupuestario que existían en la antigua Ley de Régimen Municipal.
La administración municipal considera que las reformas introducen restricciones que afectan la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos locales.
Municipio de Guayaquil pide suspensión de la ley mientras se analiza la demanda
Durante la misma rueda de prensa, la concejala Blanca López respaldó la decisión del cabildo y calificó la normativa como improcedente e inconstitucional.
La edil explicó que, junto con la demanda presentada ante la Corte Constitucional, el municipio solicitó medidas cautelares para suspender temporalmente la aplicación de la reforma mientras el máximo organismo constitucional del país analiza el caso.
Según López, la intención es que la Corte revise los argumentos jurídicos presentados por las autoridades locales y determine si la normativa vulnera los principios de autonomía y descentralización establecidos en la Constitución.
Otras instituciones también cuestionan la reforma
El Municipio de Guayaquil no es la única entidad que ha manifestado su desacuerdo con los cambios al Cootad. De acuerdo con las autoridades municipales, otras instituciones también han presentado observaciones o demandas ante la Corte Constitucional.
Entre ellas se encuentran el Municipio de Quito, la Prefectura de Pichincha y dos organizaciones adicionales que remitieron documentos al tribunal para solicitar la revisión de la reforma.
Con la acción presentada por Guayaquil, el número de demandas contra esta normativa asciende a 16, lo que refleja el amplio debate institucional que ha generado la modificación del marco legal que regula a los gobiernos autónomos descentralizados.
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